En su afán de profundizar la que ha sido su principal política de Estado como Gobierno Nacional, la administración de Javier Milei anunció hoy una nueva ola de despidos, quita de fondos y cierres de organismos públicos que afecta esta vez a la ex AFIP. El anticipo fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien en su conferencia de prensa informó que serán desvinculados 700 trabajadores de la Dirección General Impositiva (DGI) y, de yapa, se levantarán las oficinas asentadas en municipios peronistas de la Provincia, en un acto que deja evidentemente a la luz la “motosierra selectiva” libertaria.

La controversial medida fue diseñada por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Juan Pazo y de su par de la DGI Andrés Vázquez. La disposición incluye, en concreto, la eliminación de 695 cargos en la entidad estatal “generados gran parte en el Gobierno anterior”, lo que redundará en una reducción del 27% de la estructura del sector. Junto a ello, serán suspendidos otros 88 puestos en la subdirección de Grandes Contribuyentes y unos 36 puestos en la sede central del organismo.

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