Tal como se palpitó en las semanas previas, la presentación formal de Alberto Fernández sobre el proyecto oficialista de reforma judicial no hizo más que ratificar las posiciones a favor y en contra por parte de los distintos sectores de la política. Tras el discurso del Presidente, abogados, funcionarios y referentes políticos salieron tanto a atacar como defender la iniciativa que busca “descentralizar” el trabajo del Poder Judicial.

Mientras que Juntos por el Cambio reafirmó semanas antes su lectura crítica donde apunta al proyecto como una búsqueda de “garantizar impunidad a Cristina Fernández de Kirchner”, otros dirigentes de la oposición apelaron a lecturas más coyunturales de la esfera política. “Con máximo rigor la reforma judicial, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la democratización de la Justicia, aquel intento burdo de politización de la misma”, fueron las palabras del dirigente radical, Mario Negri, quien recordó el proyecto fallido del kirchnerismo por instaurar su propia reforma.

“No atiende los problemas de la ciudadanía y sólo se ocupa de las preocupaciones de los poderosos en el fuero penal federal. La reforma impulsada por el Presidente no atiende los aspectos que sí deberían mejorarse en el sistema de justicia. Al contrario, solo aplica a los aspectos penales federales y, por lo tanto, la situación de los poderosos y su intención de permanecer impunes”, describió, por su parte, la referente del GEN, Margarita Stolbizer.

Por su parte, el jefe de Diputados de Cambiemos, Cristian Ritondo, dejó de lado las polémicas sobre el sistema Judicial y la corrupción y centró su lectura en si la medida es oportuna o no respecto del actual escenario social de la Argentina. En ese sentido, sostuvo que “la reforma judicial puede esperar, la economía y la seguridad no”, y agregó: “El momento que estamos atravesando requiere centrar nuestros esfuerzos en los temas que hoy más preocupan a los argentinos. Por la pandemia muchos perdieron su trabajo o cerraron su comercio y necesitan soluciones”.

Del otro lado de la grieta, en tanto, el Partido Justicialista decidió manifestar su reivindicación del proyecto y expresó: “La reforma del sistema judicial es una deuda que tenemos con la democracia. Lo dijo Alberto Fernández: es hora de poner en debate público la cuestión judicial. Necesitamos recuperar el Estado de Derecho”. En esa misma línea se pronunció la abogada y referente kirchnerista, Graciana Peñafort afirmó que “el Poder Judicial argentino no funciona bien y es necesario que funcione bien para todos”.

Más allá del ámbito político, dentro del escenario judicial también se dividieron las aguas entre quienes apoyan y quienes rechazan la medida. El fiscal José María Campagnoli fue lapidario con el proyecto, a que definió  como una “colonización total del fuero federal, peor que en la época del menemismo o en la llamada autoamnistía”. Campagnoli disparó: “Acá le vamos a dar la posibilidad al Poder Ejecutivo de votar veintitrés jueces afines, seguramente, con todo lo que eso trae aparejado”.

En cambio, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, defendió la reforma y sostuvo que el proyecto “plantea dar respuesta a muchos casos donde la interferencia de los poderes políticos y los poderes fácticos ha sido muy fuerte... esto es algo que todo el mundo lo sabe”. Losardo definió: “Si saliéramos de la cuestión política, quienes ejercemos la profesión conocemos los conflictos de competencia que existen hoy: la reforma también plantea la unificación del fuero contencioso administrativo con el civil comercial federal, donde hay competencias cruzadas”.