Si una categoría de precios ha manchado la desaceleración de la inflación, e incluso se ha encargado de elevar el indicador en más de una ocasión, es la de las tarifas domésticas. En la órbita de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), los aumentos se tradujeron en una disparada cercana al 300% promedio interanual a la que múltiples hogares no pudieron hacer frente. En ese marco, y pese a tratarse de un servicio esencial, la empresa pública se dispone a cortarle el agua a unos 700 mil usuarios morosos, por orden del Gobierno Nacional.

En la administración -en el sentido más empresarial de la palabra- a cargo del presidente Javier Milei, la medida no sorprende: se ubica en línea con el reglamento de las distribuidoras eléctricas y responde a un proceso de “normalización” que, según pretende la Casa Rosada, llevará a la compañía a ser privatizada. Como es evidente, en todo este esquema -diseñado por el ministro de Economía Luis Caputo- no parece haber lugar para consideraciones de la índole de que el agua es un servicio esencial y que un hogar no podría mantenerse a flote sin suministro de agua potable.

Lejos de ese escenario, AYSA identificó uno a uno a cerca de 700 mil usuarios morosos, y el Gobierno libertario autorizó cortarles el agua desde este lunes. La decisión no repara en que el Ejecutivo viene de habilitar subas del 305% interanual, como surge de un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA); ni en que, debido a ello, una familia tipo necesita más de $130.000 mensuales para costear las facturas sin subsidios, que se suman a las tarifas de luz, gas y otros servicios cotidianos.

Según trascendió, la compañía comenzó a dictar los cortes de suministro este lunes. Los usuarios que adeudan pagos deberán regularizar su situación en planes de cuotas o cancelar el monto total en una oportunidad, intereses incluidos. Cabe destacar que en todos los casos la empresa debería avanzar primero con la correspondiente notificación formal del procedimiento, en tanto que el servicio será interrumpido una vez agotadas las instancias de reclamo y arreglo previas.