Una noticia de alto impacto de cara a la campaña electoral que llega a su momento de definiciones, ocurrió esta mañana cuando el ministerio de Justicia de la Nación, que encabeza Martín Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles de la asociación civil de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES). Esta asociación tiene como presidenta a la precandidata nacional por Juntos Por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y su sede está en la Ciudad de Buenos Aires.

Se investiga si desde esta entidad se financiaba la campaña proselitista mediante donaciones destinadas al costeo de pasajes, comida, alquileres de salones, plata personal y hasta el pago de honorarios al exjefe de campaña de Bullrich, el diputado Gerardo Milman.

En el comunicado difundido por la cartera, destacan que “la medida busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”.

Desde el ministerio indicaron que también “se detectaron irregularidades contables y administrativas”. Detallaron: “se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos; el incremento de los ingresos es coincidentes con actividades políticas personales desplegadas por la Presidenta del IEES, Patricia Bullrich; pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido “Unión por la Libertad”.

El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade fue quien presentó la denuncia por “irregularidades” que luego fue tomada e investigada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen. En conversación con Diagonales, aseguró que la entidad “es una pantalla con la que se financia la campaña de Bullrich y no tiene nada que ver con estudios estratégicos en seguridad, como dice su objeto social”.

Además expresó que “esta ONG la usan para caja chica, pasajes, hoteles y plata propia” pero que “la guita grande la tratan de otra manera y esa seguro va a seguir estando”. Consultado por este medio sobre la deriva de la causa en las próximas semanas, Tailhade planteó que esta resolución del ministerio de Justicia “es apelable y abre a la justicia civil”. “Ahí Bullrich tiene todas las chances de que revoquen la decisión”, aseveró.

La comunicación del ministerio de Justicia concluyó señalando que la IGJ “determinó que la utilización estructural y financiera del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad para la campaña política nacional de la Presidenta de la Institución no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles, sino que también podría implicar una violación de la ley 26.215, la cual regula la financiación de partidos políticos”.