Para el gobierno de Mauricio Macri, el juez Alejo Ramos Padilla sigue siendo un problema sin solución y uno cada vez más costoso en términos políticos. Desde que el titular del Juzgado Federal de Dolores tomó la causa que involucra y compromete al fiscal Carlos Stornelli y al abogado trucho Marcelo D’Alessio, la Casa Rosada nunca pudo recuperar el centro del ring ni contraatacar con sus, hasta ese momento, infalibles operadores judiciales. El macrismo venía invicto en la materia y de un solo golpe, como dirían los expertos en boxeo, resultó “conmovido”, justo en el caso más sensible para Cambiemos en lo que va de su gestión.

La irrupción inesperada de un magistrado que estaba fuera del mapa de relaciones del oficialismo, junto a la imposibilidad de anularlo con la clásica acusación de “kirchnerista” y la habilidad del propio Ramos Padilla para avanzar a paso firme pero sin desmesuras, dejaron al Poder Ejecutivo desconcertado y sin siquiera un plan B.

A este combo, que ya sería suficientemente complejo, se suma una casualidad desafortunada para el presidente y sus asesores, que tampoco pueden apelar a un viejo método en que el menemismo supo hacer escuela: “premiar” al juez díscolo con un cargo que lo quita del medio y anula la amenaza coyuntural de los procesos judiciales en sus manos.

Mientras sus superiores de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata volvieron a confirmar a Ramos Padilla al frente del expediente y a desestimar las recusaciones en su contra por mal desempeño, el pliego del juez de Dolores fue refrendado por el Consejo de la Magistratura para integrar la terna de postulantes a ocupar el tribunal electoral de La Plata, un cargo estratégico por donde se lo mire.

Si el macrismo ya comenzó a pagar el alto costo político de su intento –hasta el momento, sin éxitos– por apartar al magistrado, ahora se encamina a otra situación que volverá a dejarlo expuesto en su difícil relación con aquellos funcionarios judiciales que no se ajustan a sus deseos. Se trata de algo bastante común en todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, pero es otra de las cosas que Macri y Cambiemos habían jurado y perjurado no hacer. De todas sus promesas de campaña incumplidas, esta era una de las que, hasta que estalló el caso Stornelli/D’Alessio, había pasado más desapercibida para la opinión pública.

El relato de un Ejecutivo que no se inmiscuye en los tribunales volverá a resentirse cuando el presidente deba elegir a uno de los tres nombres que la Magistratura le envió para ocupar el juzgado Federal Nº1 de La Plata, vacante desde 2014, luego de la muerte de su titular, Manuel Humberto Blanco.

Para complicar aún más la maniobra, Ramos Padilla es el que mejor puntaje obtuvo y por eso está encabezando la terna. Si la Rosada, como todo indica, decide relegarlo y enviar al Senado para su aprobación el pliego de otro aspirante de su paladar –Laureano Durán, secretario de la Cámara Federal platense, suena como opción–, será difícil explicar los motivos. Lejos de la politización que el gobierno buscó atribuirle al juez, ahora será el propio oficialismo el que tenga que admitir razones estrictamente políticas y hasta electorales para bloquear la designación del aspirante mejor puntuado.

Además, como ya se dijo, a Cambiemos tampoco le quedará la salida del “ascenso envenenado”. El juzgado de La Plata no sólo es la autoridad criminal y correccional de un distrito clave como la capital bonaerense, sino que además posee la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Es el encargado de organizar el proceso de votación, garantizar su legalidad y controlar la fiabilidad de los resultados. Justamente, y por si fuera poco, ahí se está investigando otra causa muy sensible para el PRO, en especial para la gobernadora María Eugenia Vidal: el caso de los aportantes truchos en la campaña de 2017.

Retrocediendo en el tiempo hasta aquellas semanas de marzo en que el macrismo se dejó de rodeos y pidió destituir a Ramos Padilla, por entonces algunos se preguntaban si al magistrado no le convenía desistir del concurso, como un gesto para ratificar su compromiso con un expediente crítico. Hasta ahora, lo que quedó en claro es que el juez eligió con eficacia sus pasos a seguir. Todos los movimientos están en manos del gobierno, que sin embargo parece arrinconado. No sabe qué es lo que debe hacer, pero sí que tiene que apurarse y que, haga lo que haga, pagará un alto costo político.