El juez Federal de la Plata Ernesto Kreplak ordenó el allanamiento de cuatro oficinas de Edesur tras la denuncia por los sucesivos cortes de suministro que realizó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. 

El magistrado pidió a la compañía que entregue toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación,  por eso además del allanamiento ordenó el secuestro de los documentos solicitados en caso de que la empresa no lo hiciera voluntariamente. 

La búsqueda está centrada en todas las comunicaciones que CAMMESA hizo a Edesur informando la existencia de desperfectos o interrupciones en el suministro de energía eléctrica en los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.

El allanamiento y rastreo de dicha documentación es realizado por efectivos de la División de Investigaciones Antifraudes de la Policía Federal Argentina en cuatro sedes comerciales de la empresa: Ezeiza, Monte Grande,  Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires. 

Por otro lado, el juez le ordenó al ENRE enviar el marco normativo de la concesión de la que es titular Edesur para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, un informe sobre cuáles son los roles y funciones de las empresas CAMMESA, SACME, Edenor, Edesur y su propietario, el grupo ENEL, además de el detalle de dónde opera cada una y qué concesión tienen. 

A su vez, requirió que el organismo envíe toda la información relativa a multas y planes de obras que se le impusieron a las diferentes empresas en el último período, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron realizadas, cuáles se imcumplieron y cuántos usuarios se vieron afectados por los cortes de energía desde febrero hasta ahora. 

Por otro lado, Kreplak exigió que en los próximos cinco días la Inspección General de Justicia le envíe una copia del estatuto societario de Edesur y ENEL, explicando quiénes son sus autoridades en detalle: presidentes, directivos y gerencias.