Costumbre Suprema: las jugadas políticas de la Corte contra el Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió ayer estallar el escenario político con una decisión que, más allá de los fundamentos, por el momento en que llegó y la tendencia que sostiene abre la puerta a los cuestionamientos más profundos sobre su injerencia en el sistema democrático. La suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán se suman a una serie de decisiones del Supremo Tribunal contrarias al FdT en los últimos años, en los que cada vez que hubo una controversia significativa en términos políticos entre el oficialismo y la oposición, las máximas autoridades del Poder Judicial favorecieron a JxC. 

La Corte trabó también medidas clave del oficialismo incluso en casos donde el enfrentamiento del Gobierno no era con la oposición sino con sectores del poder económico. Todo eso llevó a la denuncia por parte de las máximas referencias del FdT, comenzando por el Presidente, de un alineamiento directo entre la Corte y JxC. El fallo de ayer y las palabras en cadena nacional de Alberto Fernández de este mediodía dan cuenta de un escenario de guerra declarada, al que aún le quedan varios capítulos irresueltos, entre ellos el principal en relación a la condena en primera instancia que pesa sobre CFK.

De los jueces de la Corte siempre suele mencionarse como un elemento constitutivo su “tiempismo” político a la hora de tomar definiciones. La sola idea de que fallos judiciales se decidan según los vaivenes de la política se contradice con la idea republicana de la independencia de la justicia como un poder del Estado separado del Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo es una realidad aceptada y difícil de negar que los Supremos se toman sus tiempos y eligen momentos tanto para decidir como para no decidir sobre cuestiones centrales de la vida política del país. Un repaso por las últimas decisiones de la Corte o la falta de ellas en los años del FdT, muestra a las claras no solo el posicionamiento siempre contrario a los planteos del Gobierno, sino fundamentalmente un timming que solo alimenta las sospechas sobre las que se edifican las denuncias del peronismo en relación a la articulación entre la magistrados y JxC.

EL QUE CALLA OTORGA: EL CASO DEL DNU 690/2020

Quizás el primer gran encontronazo entre el FdT y la Corte haya sido producto no de un fallo sino de la falta de uno. El 21 de agosto de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU N° 690/20), declaró como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía móvil, a la conectividad a Internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió cualquier aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre de ese año. La medida llegó en plena cuarentena producto de la pandemia, contexto que tenía a las familias argentinas confinadas en sus hogares y a todas las actividades sociales y económicas virtualizadas. Ello puso de manifiesto la centralidad de garantizar una prestación universal del acceso a los servicios TICs, y el DNU del Gobierno vino a responder a esa situación entendiendo la conectividad como un derecho fundamental en la era digital.

Sin embargo, y como sucediera con la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital de las presidencias de CFK, las principales corporaciones mediáticas judicializaron esa decisión política. Tras un fallo en primera instancia que sostuvo al DNU, el 30 de abril del 2021 la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó sentencia por mayoría y decretó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la medida. El Ejecutivo y el ENACOM apelaron la cautelar, pero la Cámara rechazó su pedido. Ante esta situación, ENACOM y el PEN presentaron el 25 de junio del 2021 un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de la Nación, que desde ese momento quedó facultada para decidir si se trataría la cuestión o mantendría lo dispuesto por la Cámara. A casi dos años de eso, los Supremos que muestran una celeridad encomiable para decidir otras cuestiones, aún no se expidieron sobre esta cuestión. 

Esto llevó al primer cara a cara picante entre Alberto Fernández y los jueces de la Corte. Fue en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso para el período 2022, cuando con los magistrados presentes el Presidente expresó “a casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”. En la apertura de sesiones de este 2023 Fernández volvió a reflotar el tema en su encendido discurso contra la Corte. Sin embargo, y cumpliendo con su “tiempismo político”, los magistrados parecen decididos a dejar morir el tema o retomarlo en otro contexto, con otro gobierno en el poder.

AUTONOMÍA PROVINCIAL CUANDO CONVIENE: EL CASO DE LA PRESENCIALIDAD DE CLASES EN CABA

Uno de los argumentos del oficialismo para criticar el fallo de la Corte pasa por su ataque al federalismo y la autonomía de las decisiones de las provincias. En esa línea se expresaron desde el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, hasta el propio Presidente en su cadena nacional. Justamente esa autonomía fue el foco de otra de las polémicas decisiones de la Corte en contra del Gobierno.

De nuevo en los comienzos del 2021, la pandemia estaba lejos de ser un traumático recuerdo, la campaña de vacunación estaba en sus inicios y ante una fuerte suba de los casos de Covid el Gobierno Nacional decidió suspender la presencialidad de las clases en las zonas que presentaban un alto riesgo de contagios. La decisión se oficializó mediante un DNU el 15 de abril y planteaba el retorno a las clases virtuales por un periodo de dos semanas. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, judicializó la medida del Ejecutivo nacional mediante un pedido de intervención directo a la CSJN. Con lo que había sido un 2020 entero de clases virtuales en el país, JxC había decidido que la educación sería su principal caballito de batalla en ese 2021 electoral, y el recurso ante la Corte en el que se plantaba la inconstitucionalidad de la decisión del Presidente por considerarla violatoria de la autonomía de la CABA fue un fuerte primer movimiento de campaña en ese sentido.

La Corte aceleró esta vez su definición, y si bien no llegó antes que se cumplieran las dos semanas de virtualidad dispuestas por el DNU de Fernández, para los primeros días de mayo llegó el fallo que le dio la razón a Larreta aduciendo la autonomía de la Capital para decidir sobre la presencialidad de las clases. Todavía como parte del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco fue la única magistrada que se abstuvo en el fallo que los cuatro restantes, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron en favor del planteo de JxC. 

Esa decisión de los Supremos significó un durísimo golpe político para un Gobierno que intentaba gobernar en contexto de pandemia sin contar aún con la solución de la vacunación masiva. El Presidente quedó expuesto en capacidad de conducción política y la oposición festejó una primera victoria que utilizaría como plataforma para ganar las elecciones de octubre de ese año.

MÁS RECURSOS PARA LOS MÁS RICOS: EL CASO DE LA COPARTICIPACIÓN 

Otro de los choques centrales entre el oficialismo y la Corte se resolvió a fines del año pasado pero viene de larga data. En 2016, Mauricio Macri decidió traspasar la Policía Federal a la CABA y con ello transferir 2,1 puntos más de coparticipación a lo que ya recibía el distrito capital, que llegó a percibir así el 3,5 de la masa coparticipable. El 9 de septiembre del 2020, una protesta de policías de la bonaerense que reclamaban una recomposición salarial en los peores momentos de la pandemia, llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos en lo que fue uno de los momentos más tensos de la historia reciente del sistema democrático. La protesta fue fogoneada por la oposición, que durante su mandato entre 2015 y 2019 había hecho perder un 30% del valor del salario de las fuerzas, y hasta se pudo ver a referentes como Patricia Bullrich en las inmediaciones de Olivos alentando a los policías sublevados. 

La respuesta del Gobierno fue, un día después, anunciar la quita de un punto de coparticipación a la CABA para traspasarlo a la PBA y destinarlo al financiamiento de las políticas de seguridad, entre ellas los salarios de la bonaerense. El tema venía discutiéndose hace tiempo y el Presidente argumentó que hacía meses venía avisándole a Larreta que tenía que tomar una definición en ese sentido. El criterio era que la transferencia de 2,1 puntos de Macri resultaba excesiva, ya que el costo del traspaso de la Federal podía afrontarse con 1 punto de coparticipación.

Larreta recurrió a la Corte que, en otra muestra de su tiempismo, se guardó la carta de su resolución hasta fines del 2022. En el mientras tanto, el tribunal dispuso instancias de mediación entre el Gobierno nacional y la CABA, que no llegaron a un acuerdo.Finalmente, los Supremos dictaron una medida cautelar, sin definir la cuestión de fondo, para que el Ejecutivo nacional le pague el 2,95 de la masa coparticipable a la CABA, suspendiendo la Ley 27.606 con la que el Gobierno había dispuesto el monto de esas transferencias e nel 2,32%.

Si bien en términos objetivos el Tribunal dispuso un punto medio entre los planteos de ambas partes, lo concreto es que la decisión fue interpretada por todo el arco político como una victoria más de JxC sobre el Gobierno a través de una decisión de la Corte. La definición llegó al final de un al caliente, en el que el acuerdo con el FMI había f¡dinamitado la interna oficialista y la inflación se había disparado a niveles de entre el 6% y el 7% mensual. Justo para noviembre y diciembre, cuando el IPC comenzaba a descender y el gobierno parecía ordenarse a partir de la llegada de Sergio Massa a Economía, los jueces interpretaron que era un buen momento para resolver una cuestión que tenían en sus manos desde hacía más de dos años. Siempre, claro está, favoreciendo al mismo sector político.

POLÉMICAS DE LA DECISIÓN Y ¿MENSAJE POLÍTICO A CFK?

Independientemente de si el fondo del planteo por la inconstitucionalidad de las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur resulta atendible, lo ruidoso de la decisión de la Corte es el momento en el que llega. Nuevamente ese timing que tiñe las decisiones de la Corte de un carácter más político que jurídico. 

Seis días antes de unos comicios en los que iban a participar casi 1,9 millones de argentinos, la Corte decidió suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, cuando tenía en sus manos las demandas desde el 10 y el 20 de abril respectivamente. En el 2013, otra conformación de la CSJN obró de forma similar suspendiendo las elecciones en Santiago del Estero. Pero, en esa ocasión, el tribunal definió la cuestión de fondo impugnando la candidatura de Gerardo Zamora, quien finalmente ubicó a su esposa, Claudia Abdala de Zamora, que poco después obtuvo el 65% de los votos y le sacó 50 puntos a su competidor radical. En el caso de Uñac y Manzur, la Corte obligó a la suspensión de las elecciones a gobernador y vice, dejando en manos de las provincias la definición de suspender los comicios en las otras categorías o llevarlos a cabo desdoblando la elección de las máximas autoridades ejecutivas para otro momento. A su vez, los Supremos no dieron un plazo para una resolución de fondo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas candidaturas. 

El otro antecedente fue la impugnación a Alberto Weretilnek para ir por un nuevo mandato en 2019. Allí hubo una definición de la Corte 10 días antes de los comicios y también con una definición de fondo. Estas inconsistencias en el actual fallo siembran un manto de dudas sobre la actitud de los Supremos, que además decidieron dictar sentencia justo el día en que se desarrollaba una reunión de la Comisión de Juicio Político en el Congreso y poco después de que Mauricio Macri declarara que las elecciones del domingo pasado en tres provincias no fueron “representativas” por tratarse de distritos “manejados hace muchos años por sistemas feudales”. “Ya va a llegar la época de libertad también para ellos” dijo  casi en modo premonitorio de la decisión de la Corte que se conocería poco después.

Sumando a esa lectura, resulta pertinente también resaltar que la Corte decidió jugar de manera tan fuerte en el mapa político nacional justo en dos provincias que se suponía iban a aportar importantes victorias al peronismo, que esperaba comenzar la semana que viene con una foto ganadora de peso. Además, la movida de los Supremos llega en pleno reverdecer del operativo clamor por CFK, en días donde se volvió a agitar con fuerza la posibilidad de su candidatura (¿presidencial?) desde muchos sectores de la política y los medios de comunicación. Vuelven a resonar los dichos de la Vicepresidenta cuando expresó que no iría a elecciones para evitar a su fuerza, el peronismo, pasar por la situación de que una sentencia judicial la dejara sin su principal candidatura. 

En ese sentido, la jugada de los jueces puede leerse como un mensaje. El Presidente respondió con una cadena nacional contundente en la que volvió a nombrar a CFK y acusó a la Corte de perseguirla judicialmente. Quizás el oficialismo tome esta situación como un punto de acercamiento y se abroquele ante la avanzada de la Corte y la oposición. A un mes y medio del cierre de listas, se recalienta el escenario político y no puede descartarse ninguna de las opciones que están sobre la mesa.