Del rebelde Stornelli al silencioso Casal

En esta partida de ajedrez con tablero inclinado, Alejo Ramos Padilla puso la responsabilidad del próximo movimiento en manos del procurador general Eduardo Casal. Luego de que Carlos Stornelli faltara por cuarta vez a la indagatoria, el juez federal de Dolores lo declaró en rebeldía y le solicitó a Casal “que, en el marco de su competencia específica como jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y titular del ejercicio de superintendencia sobre todos sus miembros, adopte las medidas necesarias para garantizar la comparecencia” del titular de la Fiscalía Nº 4.

El razonamiento del magistrado podría resumirse así: “Si el obstáculo para que Stornelli se ajuste a derecho es que tiene cobertura, entonces que responda su jefe”. Esta línea de acción “hacia adentro” profundiza el cuestionamiento a la propia la familia judicial.

En su escrito, el juez de Dolores volvió a listar con precisión todas las razones por las cuales la indagatoria de Stornelli no sólo está justificada, sino que es determinante para el progreso del expediente, y trasladó la tarea de encausarlo a su superior, a quien le recordó que el asunto está por completo en el marco de sus atribuciones y obligaciones. La pelota, que cada vez quema más, pasó del rebelde Stornelli al silencioso Casal, un hombre de carrera que llegó al puesto en noviembre de 2017, luego de que Cambiemos terminara por deshacerse de Alejandra Gils Carbó.

La escalada hacia la cúpula del Ministerio Público termina por sacar de los pasillos judiciales a este culebrón protagonizado por Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, y lo coloca –por si quedaba alguna duda– en los despachos políticos. Sobre todo por ser Casal un jefe interino, que en este tiempo fue renovando su puesto a fuerza de medidas acordes al gusto de la Casa Rosada. Por eso, estallado este caso, el titular de la Procuración jugó la carta corporativa y no dio impulso a los pedidos de Ramos Padilla para que sancionara a su dirigido, lo que se tradujo en un respaldo a su conducta. Ante la pasividad de su jefe, el fiscal faltó cuatro veces a prestar declaración indagatoria en una causa más que sensible y con derivaciones en otros expedientes críticos en los que actúa. Ese acuerdo tácito es el que busca quebrar el magistrado.

¿Qué caminos le quedan a Casal? Dos formales y una vía de naturaleza más política. Una posibilidad es suspender a Stornelli por hasta 30 días, una sanción que tiene aplicación inmediata –por ejemplo, la llamada “causa de los cuadernos” se quedaría sin fiscal– pero que no afecta a los fueros. El fiscal podría seguir negándose a comparecer sin que la fuerza pública sea capaz de obligarlo.

La segunda opción para Casal es promover un juicio político, abrir un jury y evaluar si hay elementos para determinar una destitución. De más está decir el enorme y a la vez indescifrable costo político de una medida de este tipo. Por citar un caso, la diputada Elisa Carrió es una de las aliadas del PRO que emprendieron una cruzada en defensa de Stornelli.

A diferencia de los jueces federales, que rinden cuentas ante el Consejo de la Magistratura, los fiscales lo hacen en el propio ámbito de la Procuración, para lo cual se convoca a un Jurado de Enjuiciamiento de siete miembros: uno designado por el Ejecutivo, otro por el Senado y otro por el Consejo Interuniversitario Nacional; dos en representación de los abogados y otros dos sorteados entre los fiscales.

La tercera alternativa es que el procurador le pida a Stornelli que se presente a declarar. Una charla que, tal vez, ya se dio antes pero sin mayores resultados y que ahora podría reeditarse en otros términos bien distintos.

Conocido lo dispuesto por Ramos Padilla, el primer reflejo de Casal fue descomprimir: en el marco de un sumario administrativo que hasta ahora estaba congelado, le dio traslado a Stornelli para solicitarle un descargo. Es un paso formal del que no se esperan mayores novedades, teniendo en cuenta los escritos con los que el fiscal ya se excusó ante el juez –a quien recusó– y los dichos de su propio abogado, Roberto Ribas, que no dudó en explicitar las razones que su defendido: “Stornelli no siente que existan garantías. Si él se presenta, a los dos minutos está procesado”. Por otra parte, el procurador general citó a empleados del despacho del fiscal. En definitiva, un procedimiento correcto y de rutina, que no permite saber si Stornelli perdió apoyos o si los conserva intactos.

Eduardo Ezequiel Casal tiene 61 años. Ingresó a la justicia durante la última dictadura cívico-militar, en 1977, como empleado del fuero penal ordinario de la Ciudad de Buenos Aires. En 1983, pasó a ser secretario de Juzgado de Sentencia en lo penal, y cuatro años más tarde, secretario letrado de la Procuración General de la Nación. En 1992, ascendió a  procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, cargo que tuvo por 25 años hasta que, con la salida de Gils Carbó, le llegó la oportunidad de trepar a la cima.