En medio de las polémicas por el manejo de los planes sociales en manos de organizaciones políticas, denunciaron a dos dirigentes del Polo Obrero por retener un porcentaje de los fondos de asistencia social. El fiscal Guillermo Marijuan inició acciones contra Eduardo Belliboni y Gabriel Solano, dirigente del Polo Obrero y legislador por el Partido Obrero, respectivamente.

La denuncia llega tras conocerse la información a nivel mediático sobre la dinámica del PO de quedarse con un 2% de los fondos de planes sociales para poder mantener gastos de alquiler, servicios y productos para comedores y merenderos que dependen de la organización. Desde el sector explicaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal Marijuan. “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control", afirmó.

“Hay que solucionar esto desde el Estado nacional”, agregó, tras denunciar penalmente a los dirigentes por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”. Según trascendió en información de artículos periodísticos, cobraban el 2% de lo que percibe cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.

La acción legal contra Solano y Belliboni llega en el mismo momento en que el Gobierno discuta hacia adentro el traspaso de la administración de los planes sociales de las organizaciones hacia intendentes y gobernadores. El debate tomó volumen esta semana tras los dichos de Cristina Fernández de Kirchner donde fustigó con fuerza el rol de las organizaciones sociales como el caso del Movimiento Evita.

En ese marco, en el ámbito de Provincia esta semana también se formalizó una línea telefónica específica para denunciar “irregularidades” en el reparto de las prestaciones sociales, días después de conocerse la política del PO de retener un porcentaje de las mismas.