Los abogados Eduardo Barcesat y Julián Domínguez radicaron en el día de ayer una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y todos los ministros de la Nación por el "mega decreto" para desburocratizar el Estado. Los acusaron de “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional”.

La denuncia lleva la firma y el apoyo de varios dirigentes de Unidad Ciudadana y referentes de la cultura, entre ellos, Nilda Garré, Alicia Castro, Mempo Giardinelli, Atilio Borón, Florencia Santout, Roberto Salvarezza, Juliana Marino y Eduardo Sigal, entre otros.

Según los denunciantes, la emisión y entrada en vigencia del DNU 27/2018, más conocido como el “mega decreto”, pretende la derogación o modificación de leyes aprobadas por el Poder legislativo, bajo invocación de “desburocratizar y simplificar” la administración pública nacional, pero cuya verdadera finalidad se sintetiza en “achicar el Estado es agrandar los negocios”.

Además, la denuncia examina los requisitos de admisibilidad y materias que pueden ser abordadas por los decretos de necesidad y urgencia, "para demostrar que no están dados ninguno de esos requisitos, ya que el propio Presidente convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, en las que pudo haberse dado tratamiento, como proyecto de ley, a los 192 artículos que integran el mentado DNU".

"La presentación sostiene que, en el casos, es de aplicación lo preceptuado por el primer párrafo del art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional, que establece: 'El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo'. Asimismo, que entre las materias vedadas para la emisión de DNU, conforme el texto constitucional, se encuentran la penal y la tributaria, siendo que el DNU 27/2018 inficiona ambas materias", continúan.

Los denunciantes explican que este obrar del conjunto del PEN "comporta un severo quiebre del sistema y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes". "Por ello la presentación judicial invoca al art. 36 de la C.N., que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y cuyo último párrafo reconoce el derecho de los ciudadanos a resistir los actos que lesionen esa supremacía", agregan.

En este sentido, solicitan la inmediata suspensión de la entrada en vigencia del DNU y la habilitación de la feria judicial "a fin que este grave delito institucional no se consume".

La causa quedó radicada por ante el Juzgado Nacional Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Ramiro González.