Luego de que Patricia Bullrich le pidiera a los legisladores de Juntos por el Cambio que voten a favor de la Ley Ómnibus para darle “un primer cheque en blanco” al presidente Javier Milei, volvieron a recrudecer las internas dentro de la coalición y hacia el interior del PRO. La ministra de Seguridad continúa siendo la presidenta del partido, pero su posición no es compartida por todos los sectores y genera fuertes resistencias. 

En medio de las internas y las diferencias respecto del rol que debe asumir el PRO ante el gobierno nacional, los diputados amarillos se reúnen este miércoles a las 16.30 en la Cámara Baja para intentar ordenar la tropa y definir una posición frente al paquete de reformas que Milei envió al Congreso. 

Luego del acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei, además de la incorporación de Patricia Bullrich y otros dirigentes al gobierno nacional, el PRO parece un aliado indiscutido de La Libertad Avanza. Sin embargo, hay algunas resistencias hacia el interior del partido y no todos los diputados comparten la idea de darle “un cheque en blanco” al Ejecutivo. 

Entre los 37 diputados PRO hoy se debaten al menos tres posturas: un sector que responde a Patricia Bullrich y defiende el cogobierno; un ala macrista que cuestiona esa idea tras quedar afuera de las negociaciones, pero que de todas maneras planea acompañar a La Libertad Avanza; y un sector más moderado representado por el larretismo que si bien sostiene la necesidad de ser una “oposición responsable” cuestiona el avasallamiento del Poder Legislativo.

Hace exactamente siete días, cuando el Presidente envió su mega proyecto de reformas a la Cámara Baja, los diputados del PRO se reunieron para dividirse los artículos y temas para analizarlos por grupos y acordaron volver a reunirse esta semana para poner en común opiniones, análisis y tratar de alcanzar una postura unificada.

Si bien muchos de los puntos de la Ley tienen el visto bueno del PRO, la delegación de facultades legislativas en la figura del Presidente por  dos años, prorrogables por otros dos años a simple decisión del Ejecutivo (es decir, todo un mandato) genera una fuerte polémica y rechazos.