En una nueva embestida contra las universidades, el gobierno de Javier Milei retomó la batalla por la auditoría de los gastos y elaboró cuatro decretos distintos para reformar el actual sistema de gestión económica y financiera de las casas de altos estudios, y aumentar el control del Ejecutivo sobre el presupuesto de las universidades. 

Tres de esos decretos ya fueron publicados mientras que el cuarto podría ser publicado el lunes de la semana próxima. Este paquete de medidas busca modificar el marco normativo para las compras, contrataciones y el manejo presupuestario en las universidades públicas.

A través de etas reformas, el Gobierno obliga a a las universidades a optar entre lo sistemas electrónicos nacionales COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para informar sus gastos, contrataciones y contabilidad.

Además,  se eliminan las contrataciones interadministrativas o con personas jurídicas o físicas que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

En tanto, el cuarto decreto que aún no fue publicado prohíbe que haya nuevos decretos interadministrativos que faciliten que entes públicos nacionales y subnacionales contraten de forma directa a las universidades. 

X de Ministerio de Capital Humano

"Hoy mediante los decretos 1091/24, 1092/24 y 1093/24 firmados por el presidente Javier Milei y Sandra Pettovello se aumentan los niveles de transparencia en el uso de recursos públicos de universidades, organismos descentralizados y empresas públicas", celebró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"A su vez, el decreto 1092/24 instruye a las universidades nacionales de adoptar los sistemas electrónicos http://COMPR.AR y http://CONTR.AR que son elementales para la difusión y transparencia de las contrataciones de bienes y servicios", señaló.

Y agregó: "Si bien algunas universidades ya utilizan estos sistemas, hay otras que se mantiene al margen del sistema y de la ley. Esto atenta contra la debida rendición de cuentas del dinero de todos los ciudadanos. 

"Por último, el decreto 1093/24 establece la obligación a todas las entidades de la Administración Pública (empresas, universidades, entes, entre otros) de utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF). Este sistema que se utiliza para la administración de los recursos públicos y la gestión de pagos promoverá la digitalización, seguridad y rapidez en los procesos", completó.