La Secretaría de Energía de la Nación convocó este lunes a las audiencias públicas destinadas a definir la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la segmentación de subsidios. Estas se realizarán los días 10, 11 y 12 de mayo.

El nuevo esquema se regirá por el principio de "gradualidad". Desde la Secretaría de Energía señalaron que la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para los usuarios de electricidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.

En tanto, el 10% de los usuarios residenciales de los servicios de gas y electricidad con mayor capacidad de pago, dejarán de recibir el beneficio del subsidio a la energía.

De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%.

Por su lado, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.

La implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que, con "criterios de justicia y equidad distributiva", incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de las resoluciones 235, 236 y 237/2022 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, la cartera a cargo de Darío Martínez estableció la convocatoria a las audiencias públicas que pondrán a consideración de los usuarios estos mecanismos y actualizaciones tarifarias.

Estos mecanismos contemplarán especialmente la situación de los "sectores vulnerables y de menor capacidad de pago", dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de "gradualidad", resaltaron desde la Secretaría de Energía.

De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno nacional en el programa económico, que apunta a lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad.

Este proceso se regirá según criterios y directrices de "gradualidad y proporcionalidad" establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia, destacaron.