Tras anunciar que no se imprimirían más billetes de mil ni de dos mil pesos y vacaciones forzadas para los trabajadores de la Casa de la Moneda, el Gobierno de Javier Milei oficializó la de la entidad y designó al abogado Pablo Daniel Cavagnaro como interventor. 

Entre sus facultades, el interventor podrá elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para la sociedad; revisar las pautas remunerativas, salariales, parámetros indemnizatorios y acuerdos de desvinculación; determinar y proponer las acciones tendientes al ordenamiento del régimen del personal; y designar y remover a funcionarios y personal de la sociedad.

A través del Decreto 964/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo estableció que la intervención a Sociedad del Estado Casa de la Moneda comenzará este 1° de noviembre de 2024 y se extenderá por 180 días. 

Según los argumentos esbozados en el texto del decreto, la medida pretende "optimizar las actividades que actualmente desarrolla" la Casa de Moneda. “Resulta imprescindible iniciar el proceso que culminará con la transformación y actualización de su objeto social”.

Desde Casa Rosada sostuvieron que la transformación de la sociedad del Estado busca "reflejar la actual estrategia empresarial, la identidad corporativa y el posicionamiento en el mercado, contribuyendo así a una mayor coherencia y reconocimiento por parte de sus clientes, de sus socios y del público en general".

La medida había sido anticipada el martes pasado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien explicó en conferencia de prensa que se había resuelto dar de baja los contratos para la producción de billetes de $1.000 y $2.000 bajo la justificación de que "la emisión de billetes de baja denominación no tiene ningún sentido en lo que respecta a la relación costo/beneficio".

El portavoz sostuvo que "se usan cada vez las billeteras virtuales y el pago electrónico, por lo que no tiene mucho sentido seguir con ese nivel de ineficiencia en la impresión de billetes", y remarcó que "los chachos, que lanzó la provincia de La Rioja o cualquier otro papelito que alguna provincia imprima, no es mas que descontrol del gasto".

Además, se dispuso que los empleados que trabajaban en la producción de los billetes de $1.000 y $2.000 deberían hacer uso de las vacaciones que tuvieran disponibles.