El Gobierno nacional transfirió la primera cuota de fondos coparticipables a Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2021, más un adicional por diciembre de 2020. El monto asciende a unos 2.243 millones de pesos, acorde a lo estipulado en la mentada Ley 27.606, que modificó el esquema de fondos destinados a la CABA en relación a la financiación de la Policía de la Ciudad.

En este caso, desde Casa Rosada giraron a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta un total 2.243 millones de pesos correspondientes a enero de 2021 más un proporcional de diciembre. Al mismo tiempo, se extendió al gobierno de la Ciudad una carta  con la firma del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para ratificar el llamado a diálogo con el jefe de Gobierno porteño.

Cabe destacar que fue a fines del año pasado cuando se promulgó esta Ley que redujo los aportes de Nación a Ciudad, en base a irregularidades señaladas durante la gestión presidencial de Mauricio Macri en torno a este punto. Esto apunta a los fondos asignados desde Nación a CABA para el traspaso definitivo de la Policía de la Ciudad a la órbita porteña, durante la era de gobierno de Cambiemos.

“La Ley 27.606 subsanó la ilegalidad con la que Macri traspasó por decreto la Policía, mejorando la calidad institucional de la autonomía porteña. Además, fijó un ámbito de diálogo para establecer en forma trasparente los recursos correspondientes a esa transferencia”, había remarcado por entonces el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” De Pedro.

Desde el Frente de Todos sostienen que, desde enero de 2016, Mauricio Macri incumplió dos preceptos constitucionales previstos para las transferencias de competencias entre jurisdicciones: que realizó el traspaso por decreto y que los recursos que asignó para ese fin, tal como planteó el ministro del Interior Eduardo De Pedro, representaban “más del doble del costo real para su funcionamiento”.

Por esa razón, a fines de diciembre y por impulso del oficialismo, el Congreso sancionó la ley 27.606. Dicha norma dispuso que el gasto anual que demande la transferencia de las competencias de seguridad a la CABA deberá “ser acordado de forma bilateral” entre el Estado nacional y el Gobierno porteño en un plazo de 60 días. Hasta el momento, Larreta continúa sin responder ninguna convocatoria para consensuar.