Se viene el estallido en la Casa de la Moneda, una mítica institución estatal de la República Argentina que, tras 149 años de funcionamiento ininterrumpido, será finalmente clausurada producto del intempestivo programa de ajuste del Gobierno Nacional de Javier Milei. Este lunes llegaron las malas nuevas para el área: los trabajadores recibirán vacaciones forzadas por anticipado y ya no se imprimirán billetes de $1.000 ni de $2.000, medidas que denotan la aceleración del proceso de cierre.

Al borde del abismo, la Casa de la Moneda que desde 1875 imprime las divisas utilizadas en el país se acerca hoy a su rumoreado final. La noticia ya había sido adelantada a principios de octubre, cuando el Ejecutivo la dejó trascender junto con el anuncio de que la Argentina podría importar los nuevos billetes desde el exterior, y recibió este lunes un nuevo empujón con las disposiciones sobre los contratos vigentes en el organismo y acerca de sus trabajadores, que podrían terminar en las calles.

El Gobierno ya no imprimirá billetes de $1000 y $2000 y acelera el cierre de la Casa de la Moneda

“Se informa que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) nos ha comunicado su decisión de rescindir los contratos de denominación de $1.000 y $2.000 que se encuentran vigentes al día de la fecha con la Casa de la Moneda. A raíz de esta decisión, se procederá a detener a partir de hoy a las 22 todos los procesos productivos referentes a la fabricación de billetes”, comunicó la entidad esta tarde. La información fue confirmada también por diversos medios, que reportaron que el Gobierno dejará de imprimir las denominaciones de mil y dos mil pesos por haber quedado desactualizadas.

Junto a esta iniciativa, que implica en la práctica una notable reducción de tareas en la icónica institución estatal, la Casa de la Moneda precisó a sus empleados que "por tal motivo, a todo el personal afectado exclusivamente a dicha actividad productiva se le dará curso a la utilización de los períodos vacacionales que tengan disponibles”. La medida significa el adelantamiento forzado de los días reservados por los trabajadores, lo que enciende las alarmas al interior del organismo en vistas de una eventual ola de despidos como la anticipada para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otras empresas públicas.