Además de avanzar en la quita de subsidios a los servicios, el Gobierno resolvió otorgar aumentos a los operadores del sistema energéticos; decisión que provocará fuertes aumentos en las tarifas. Para ello, el Estado Nacional oficializó la convocatoria a audiencias públicas para analizar los incrementos que empezarán a regir a partir de marzo.  

El llamado fue formalizado a través de las resoluciones 2/2024 y 3/2024 del Boletín Oficial, que llevan la firma del interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Darío Arrué. 

El viernes 26 de enero se convocará a las empresas del sector distribuidor de energía eléctrica, Edenor y Edesur, y el lunes 29 siguiente será el turno de las compañías de transporte de la energía eléctrica. 

Cabe señalar que para definir los nuevos cuadros tarifarios, las audiencias públicas son un paso obligatorio pero no vinculante. De esta manera, las audiencias de la energía eléctrica se suman a la ya convocada para el gas, que será el lunes 8.

La idea del gobierno de Javier Milei es otorgar aumentos a las empresas prestadores de servicios y, al mismo tiempo, quitar subsidios a razón de un tercio por año para los sectores medios y bajos. 

La primera audiencia en matería de energía eléctrica prevista para el 26 de enero tiene el objeto de "poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a las propuestas de las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica Edenor y Edesur, tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”.

En tanto, la segunda se hará “con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a las propuestas de las concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica, Transener S.A., Transba S.A., Transpa S.A., Transco S.A., Transnea S.A., Transnoa S.A., Distrocuyo S.A. y Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”. 

Las convocatorias se realizarán a través de una plataforma digital y podrá participar también “toda persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos en el Procedimiento de Audiencia Pública aprobado por decreto Nº 1172/2003, adoptado por Resolución ENRE Nº 30/2004″. 

Además, se permite la participación de “personas jurídicas, organismos o entidades interesadas por medio de sus representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente -debidamente certificado-, admitiéndose la intervención de un solo orador en su nombre”.