Es oficial la intervención del Gobierno en Enacom para “afianzar el proceso de desregulación”
La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial en “consonancia con los lineamientos” del mega DNU 70/23. Quedó a cargo de la tarea Juan Martín Ozores
Tal como fue adelantado el fin de semana, el Gobierno oficializó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con la finalidad de “afianzar el proceso de desregulación” proclamado en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. la medida fue formalizada este lunes en el Boletín Oficial y designa para la tarea a Juan Martín Ozores.
Según quedó detallado en el texto de la disposición, “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.
Por ello, el Gobierno decidió avanzar de manera oficial en el ente estatal que se instauró durante la era macrista tras la disolución de la AFSCA, organismo creado en su momento durante el kirchnerismo en sintonía con Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (llamada Ley de Medios).
“En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Junto a la ubicación de Ozores como interventor, el Poder Ejecutivo designó dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, quien fuera interventor del organismo de telecomunicaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que “evaluar e informar sobre la situación actual” del Enacom “en referencia al cumplimiento de sus competencias”. La medida va de la mano con el plan general de Milei de inspeccionar y ajustar al máximo cada estamento del dependencia estatal que pueda tener injerencia sobre el sector empresarial.