El ejército viral del Gobierno de Javier Milei no la está pasando bien: tras los sucesivos escraches y cuestionamientos en público, esta semana se abrió un nuevo frente que pone en tela de juicio el accionar de los tuiteros ¿contratados? de la administración de La Libertad Avanza (LLA). Así surge de la resolución emitida en las últimas horas por la Justicia, que procesó y embargó por casi $7 millones a un troll libertario por intimidar y acosar a la diputada opositora Natalia Zaracho – porque el que las hace, las paga.

El lema divulgado hasta el cansancio por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien fue hoy foco de su propia polémica con un bonito viaje a Disney planificado para el verano, se le disparó por la culata al Gobierno Nacional. Es que un influencer oficialista fue procesado por la Justicia por “amenazas coactivas reiteradas en dos oportunidades” y por hechos de “perturbación e intimidación” contra la legisladora que representa a Unión por la Patria (UP).

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El troll, cuyo nombre permanece por el momento encubierto, tampoco podrá aproximarse físicamente “al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia” de la dirigente kirchnerista. Asimismo, la Justicia dictaminó un embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $6.700.000 tras los ataques obrados a Zaracho, una de los principales blancos de la milicia libertaria en redes sociales.

El fallo provocó una ola de repercusiones en X (ex Twitter) y otras plataformas que los seguidores de La Libertad Avanza frecuentan y en las que pululan los influencers oficialistas. Del lado opositor, varios dirigentes expresaron su enojo contra el “brazo armado libertario”. Ese fue el caso del líder del Frente Patria Grande Juan Grabois, quien sostuvo: “Con la Constitución en la mano, no les vamos a dejar pasar una. Al fascismo se lo combate”.