El Presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención por 60 días del Grupo Vicentín, una de las principales empresas agroexportadoras del país, y el envío al Congreso de un proyecto de Ley para su expropiación. Luego de una brutal toma de deuda durante las últimas semanas del gobierno de Macri, el grupo decidió suspender sus pagos y se declaró en default. Con la quiebra cercana en el horizonte, 7000 puestos de trabajo en juego y la posible adquisición de la empresa por capitales extranjeros, la decisión se respaldó en el objetivo de evitar esa extranjerización, sostener la fuente laboral, y lograr una injerencia estatal en el estratégico mercado de alimentos.

Ahora bien, ¿cuál es el botín que se queda el Estado? Para darse una idea, en principio, el grupo Vicentín tuvo exportaciones de granos y derivados por U$D 2920.5 millones de dólares en la campaña 2018/2019. Esto colocó a la empresa en el sexto lugar del ranking de compañías con mayores ventas externas declaradas de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales. Las diez primeras empresas de esa lista concentraron en ese período el 91% de los U$D 27.768 millones de dólares en exportaciones de granos y derivados. Para dimensionar los montos en cuestión, cabe decir que la recaudación por exportaciones de Vicentín  de la campaña 2018/2019 equivale a cerca de un 5% del total de la deuda externa que la Argentina está renegociando con los fondos de inversión extranjeros.

Vicentín no solo es un gigante del agro, sino que tiene posiciones dominantes en algunos subsectores estratégicos. El grupo es el principal exportador del país del complejo girasol, con el 30% del total de las exportaciones derivadas de dicho cultivo. Es también el mayor exportador del segmento MOA, manufacturas de origen agropecuario, encabezando las exportaciones de harinas (20% del total) y de aceites (25%). Otro ranking que  lidera es el de la producción de aceite de girasol, con el 20% de la producción total del país.

Pero la empresa no se queda atrás con los otros sectores más relevantes del agro. En la última campaña resultó el 7º exportador de maíz,  con el 7% del total de exportaciones, y el 3º exportador de soja, con el 12% del total. El grupo cuenta además con más de una decena de empresas mediante las cuales también produce biodiesel y productos químicos, tiene una terminal propia en el puerto y filiales en Uruguay, Paraguay, Brasil y Europa.

Todo este volumen productivo y comercial sitúan a la empresa como un jugador “testigo” del mercado de granos y alimentos, es decir, con capacidad de incidencia en la formación (o regulación) de precios. Pero no es el de los granos el único precio sobre el que Vicentín puede jugar fuerte. También es una enorme generadora de dólares para el país. Para el campeonato de la cotización de la divisa estadounidense que comenzará post pandemia y del cual ya se juega la pretemporada (con los tapones de punta), el Gobierno incorporará con esta decisión a una de las principales figuras del mercado de pases.

MACRISMO EXPLÍCITO: ENDEUDAMIENTO FRAUDULENTO, FUGA Y DEFAULT 

El grupo Vicentín no está siendo expropiado en la plenitud de su funcionamiento por la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, a pesar de las fantasías de la oposición macrista. La empresa llegó a una situación de default a raíz de una toma de deuda brutal durante los últimos años, particularmente inexplicable post PASO del año pasado, cuando el cambio de Gobierno era un hecho. Sin ese endeudamiento sería difícil explicar el crecimiento meteórico que llevó a Vicentín a posiciones de mayor liderazgo de mercado en los años del gobierno de Cambiemos, como difícil sería explicar su volumen de endeudamiento sin el detalle de que el grupo fue el principal aportante a la campaña macrista en 2019, tanto a nivel nacional como en Santa Fe. Veamos números, y fechas.

Vicentín tiene pasivos por alrededor de 1300 millones de dólares. De ese total, unos 300 millones los adeuda a empresas de acopio y productores de grano más pequeños. Los 1000 millones restante son deuda con la banca, nacional e internacional, en la cual el Banco Nación es el principal acreedor del grupo. Dicha deuda ronda los 300 millones, y fue contraída principalmente entre 2018 y 2019 a partir de créditos de prefinanciación de exportaciones que el grupo nunca devolvió. Pero esta cosecha es todavía más jugosa si se miran los detalles. Un tercio de esa deuda con las arcas públicas nacionales, alrededor de 100 millones de dólares, fue contraída por Vicentín en noviembre de 2019, con macri en retirada y Alberto Fernández esperando su hora en la puerta de la rosada. La empresa ya adeudaba pagos desde 2018, pero amigos son los amigos, y así fue que Javier Gonzáles Fraga, entonces Presidente del Banco Nación, otorgó 26 autorizaciones de crédito para el aportante top de Cambiemos entre el 8 y el 26 de noviembre del año pasado. Una semana después de recibir el último de esos créditos, la compañía presentó la convocatoria de acreedores en la que se encontraba hasta la intervención de ayer. Pagar deudas o fugar dólares parece un dilema de fácil resolución en el entorno macrista. Más claro echale aceite.

Esta información está detallada en un expediente del Banco Nación a partir del cual se tramita la convocatoria de acreedores. De allí se desprende que Vicentín tiene 75 contratos incumplidos con el banco, de los cuales 10 son de 2018 y los restantes de 2019, 26 de ellos de las semanas previas a la asunción de Alberto Fernández. A raíz de estos datos y del criterio “express” con el que fueron otorgados esos últimos créditos, hay una denuncia judicial por fraude al Estado contra la empresa, en la que está implicado González Fraga y cuyas ramificaciones podrían llegar al ex presidente. Resulta difícil imaginar semejantes autorizaciones de crédito a deudores crónicos sin el visto bueno del Jefe.

MACRISMO EXPLÍCITO 2: EXTRANJERIZACIÓN

Ya en estas líneas sería lógica la pregunta por la estrategia de Vicentín. ¿Qué suponía el grupo que iba pasar luego de su endeudamiento fraudulento y criminal, y su incapacidad de pago? Lo cierto que compañías de semejante envergadura no dan puntada sin hilo, y el grupo venía trabajando una salida con capitales extranjeros. El principal activo de la compañía es la planta de Renova, ubicada en la localidad de San Lorenzo, una de las plantas de molienda de granos más grandes del mundo. Renova es una empresa constituida entre el grupo Vicentín y la compañía suiza Glencore en 2007. El paquete accionario se dividía en 50% para cada parte, hasta fines del año pasado cuando, en simultáneo a que el Banco Nación le otorgaba los créditos mencionados a Vicentín, Glencore le compraba el 16,6% de sus acciones en Renova. Así, los suizos se hicieron con el 66,7% de la empresa, mientras Vicentín recibía fondos de las arcas nacionales, recibía el dinero de esa venta, pero no podía afrontar sus deudas y se declaraba en default.

Si la confianza del lector en la “buena fe” del grupo empresario aún fue quebrantada, toca agregar el dato que a principios de abril de este año Glencore hizo una oferta formal a Vicentín por 350 millones de dólares para quedarse con el 33,3% de Renova que el grupo aún conserva. Debido a la crisis por la pandemia dicha operación no fue concretada, aunque vale suponer que el grupo soñaba con esa retirada extranjera después de haber recibido los favores del Estado argentino.

En este marco de endeudamiento fraudulento, posibilidad de quiebra y extranjerización de la compañía es que Alberto Fernández decidió la intervención y el proyecto de estatización de Vicentín. Restará ver la gravedad de los embates con los que sus socios en el macrismo intentarán frenar la deriva de los activos del grupo hacia un cauce nacional, y volver a colocarlos en la senda de la fuga al exterior, que tan bien les sienta.