El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea Avianca y a empresarios del sector aeronáuticos por las presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.

En su descripción, el magistrado describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que cabe señalar en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.

Tal como se señaló anteriormente, el Presidente no fue el único imputado por Di Lello, también se encuentra el titular del grupo SIDECO, Franco Macri; el Secretario General de la Presidencia de la Nación, Fernando De Andreis; y responsables de la línea aérea AVIANCA por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

Dicho expediente se inició a partir de una denuncia realizada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. En su presentación, los legisladores señalaron como eje principal del cuestionamiento la reciente venta de la empresa "Macair Jet" -del grupo económico liderado por Franco Macri- a la firma colombiana "Avianca" y las posibles contrataciones del Estado Nacional con dicha empresa.

Además, la  fiscalía instó la acción penal contra el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin; y el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez, luego de la ampliación de la denuncia realizada por los diputados. A estos últimos, se los acusó también de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.

Por último, el fiscal federal solicitó una serie de medidas de prueba. La causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 12, a cargo de Sergio Torres.