Los incendios forestales están aumentando en todo el mundo, y se estima que se incrementarán hasta un 30% en 2050 y un 50% a 2100, según una nueva advertencia del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). También se prevé el aumento en la frecuencia e intensidad de otros fenómenos climáticos extremos. Quien asuma funciones públicas, especialmente en las carteras de ambiente y seguridad, deberá ser consciente de ello a la hora de diseñar sus políticas, pensar su dotación de recursos y sus requerimientos presupuestarios.

Más allá de las medidas de reducción de gases de efecto invernadero que el país debe adoptar para mitigar el cambio climático (a través de un proceso de transición tendiente a descarbonizar la economía hacia 2050), el actual y los próximos gobiernos deben prepararse para afrontar las transformaciones irreversibles del clima ocasionadas por el calentamiento del planeta.

Para hacer frente a los desastres asociados a los fenómenos extremos, la Argentina necesita diseñar una institucionalidad ambiental que le permita llegar en tiempo y forma a los lugares afectados. En ese sentido, es necesario trabajar en las causas del riesgo -enfoque preventivo-, crucial para enfrentar los efectos del cambio climático, garantizar la protección civil, y lograr el menor impacto ambiental y económico posible.

La falta de prevención ante una sequía sin precedentes y una coordinación deficiente – si es que podemos hablar de alguna instancia de coordinación- de los diferentes niveles de gobierno y actores involucrados una vez desatados los focos de incendios fue lo más preocupante de la situación en Corrientes. Generalmente, los recursos económicos y logísticos puestos en acción una vez iniciados los incendios parecen ser insuficientes. Es decir, hacer frente a fenómenos como éstos no requieren únicamente de mayores asignaciones presupuestarias sino, antes que nada, de construir capacidades de planificación, gestión y coordinación. Todo lo que faltó.

Hoy la Argentina cuenta con la Ley 27.287 que establece los lineamientos centrales para la formulación de una política para la reducción del riesgo de desastres, aprobada en 2016. Por medio de la norma se creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) que tiene por objeto la protección de las personas, las comunidades y el ambiente frente a la existencia de riesgos de distinta índole.

El SINAGIR está alojado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, específicamente en la órbita de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil, y tiene como función organizar los distintos niveles de gobierno (el gobierno nacional, los provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Para un funcionamiento óptimo del sistema, las acciones dirigidas a la reducción de riesgos, el manejo de crisis y la recuperación dependen de una planificación y una coordinación eficiente, donde las autoridades y otros actores de la sociedad civil conozcan anticipadamente, de acuerdo con el tipo de riesgo identificado, cuándo, cómo, para qué y con quiénes deben intervenir.

En ese sentido, y atendiendo a la capacidad de coordinación operativa del SINAGIR, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego debería retornar a este organismo dentro de la cartera de seguridad (fue trasladado a la órbita del Ministerio de Ambiente por el actual gobierno) ya que es el ámbito más propicio en materia de gestión del riesgo, monitoreo y despliegue operativo en territorio. Es dentro del SINAGIR y en el marco de Ministerio de Seguridad donde el Sistema Nacional de Manejo del Fuego tiene las mejores condiciones para coordinar eventos como los incendios masivos sufridos recientemente. Las capacidades de mando y coordinación encuentran en ese esquema institucional las mejores condiciones.

La cuestión ambiental en general, y la climática en particular, están ocupando cada vez más espacio en la agenda política debido a los impactos negativos que diferentes eventos generan en las poblaciones y en la economía. Hay que robustecer la institucionalidad ambiental para hacer frente a los eventos extremos cada vez más frecuentes es una tarea inmediata. Y centrarse en la prevención es ineludible, para ello, además de presupuesto se necesita generar capacidades en las instituciones de gobierno a nivel nacional y subnacional con el objetivo de gestionar de forma ágil y eficiente el riesgo.

*Directora Círculo de Políticas Ambientales. Twitter: @eugetesta | www.circulodepoliticasambientales.org