Isaak Rudnik: "El Gobierno en la guerra contra la inflación utiliza instrumentos que ya tienen diez años"

El último relevamiento del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) dio un 9.8% de aumento en los productos de la canasta básica de alimentos en febrero, incluso antes de la invasión rusa a Ucrania que hizo disparar los precios y antes también de que el Gobierno declarase el inicio de la “otra guerra”, contra la inflación. El aumento desde que gobierna Alberto Fernández en ese rubro, en los comercios donde compran los sectores populares, es del 154 por ciento. El director del estudio, Isaak Rudnik, que participó de la mesa contra el hambre, viene alertando sobre la necesidad de mayores controles y, sobre todo, sobre el imperativo de “aumentar la oferta” de productos para morigerar los precios. Es decir, desmonopolizar y fomentar al sector productor de la Economía Popular, con capacidad de intervenir en ese mercado si el Estado hace su aporte. Nada de eso, dice en diálogo con Diagonales, puede hacerse evitando el conflicto con las empresas monopólicas. “Para eso es necesaria voluntad política”, explica y realiza un diagnóstico sobre la situación de los alimentos en las góndolas, la principal preocupación del Gobierno en esta coyuntura. 

¿Quién está ganando la guerra, la inflación o el Gobierno?

-El Gobierno está utilizando en la guerra algunos instrumentos que no son nuevos, algunos de ellos ya tienen diez años, como Precios Cuidados, Precios Máximos, acuerdos de precios con empresarios, etc. En abstracto no son malos instrumentos, el tema es que en lo concreto, evidentemente no están dando resultados, es un hecho que no los hubo. Esos acuerdos, a fin de cuentas, terminan no teniendo efecto: no los cumplen ni los productores, ni los distribuidores, ni los que se encargan de la comercialización. Son los famosos “formadores de precios” que terminan haciendo lo que ellos quieren. Ante eso el Gobierno no tiene la fortaleza suficiente para imponerse y tampoco, veo ahora, la decisión política de avanzar sobre esos sectores y afrontar y sostener un conflicto.

"El Gobierno está utilizando en la guerra algunos instrumentos que ya tienen diez años".

Hay que entender que para esas empresas, el aumento de precios es una de las formas principales para sostener sus ganancias. No se puede bajar la inflación, sobre todo en alimentos, si no se toca esos intereses, y eso es entrar en conflicto, inevitablemente. No veo voluntad política de hacer eso, así que tampoco veo “guerra” contra nadie. 

¿Qué herramientas, entonces, se podrían contemplar al menos para morigerar la inflación? En el último informe del ISEPCi ponés el énfasis en “el incremento de la oferta” de productos, hoy en manos de unas pocas empresas. 

-Claro. Venimos de dos situaciones que ayudan a poner en contexto el problema. En la primera ola de la pandemia, con la retracción de la demanda por la cuarentena, hubo una caída de las ventas, incluso con los incentivos que puso el Gobierno para sostenerla, y eso no produjo una contención de los precios. Eso es lo que supuestamente, de acuerdo a los dogmas liberales, haría bajar la inflación. Si cae la demanda, dicen, los precios se estabilizan. Lo que pasó es que compensaron la menor cantidad de ventas con mayor rentabilidad, pasándola a precios. Ahora venimos de un fin del año pasado y principios de este 2022 con mayores recursos en mano de la gente por los bonos, los aguinaldos, las cuotas de las paritarias, etc.

"Hoy los formadores de precios son los que mandan, por más controles que haya, que además en lo concreto no funcionan". 

Hubo mayor demanda y también eso levantó los precios, aunque en un contexto de pérdida de poder adquisitivo sobre todo en los sectores de menores recursos, en la economía informal. Así que, según nuestro punto de vista, el eje es cómo incrementar la oferta, empujando la producción desde sectores Pymes que pueden ofrecer un efecto virtuoso de darle cabida a otros actores en la producción y la comercialización. Como eso no sucede y no se desarrolla ese proceso, los formadores de precios son los que mandan, por más controles que haya, que además en lo concreto no funcionan. 

Pareciera que esos controles de los que hablás sólo se cumplen, en principio, en las grandes cadenas, y no en los comercios de cercanía, donde el ISEPCi comprueba casi mes a mes que los precios suben mucho más. ¿Por qué se da ese fenómeno?

-También en su momento se ensayó muy tibiamente un control que vendría por el lado de las organizaciones sociales o de los gremios como una cosa espontánea, pero no estoy muy a favor, debería darse en realidad como un proceso que surja de una convocatoria general, con inspectores que tengan mandato, autoridad, pero eso no sucede, por más fotos que además se hayan sacado en su momento algunos funcionarios o intendentes promocionando esas acciones. El problema de los negocios de cercanía y de los barrios populares de las ciudades donde trabajamos relevando los precios es que se abastecen en las cadenas mayoristas, igual que los chinos, y no entran dentro de los acuerdos de precios. Tienen que reponer su stock de forma semanal, no son grandes compras, y en las cadenas mayoristas, que no se controlan y mucho menos se ponen sanciones. 

"El problema de los negocios de cercanía y de los barrios populares de las ciudades donde trabajamos relevando los precios es que se abastecen en las cadenas mayoristas".

Hubo un caso, si se puede decir medianamente exitoso, con el precio de la carne, el año pasado. ¿Puede tomarse como un ejemplo?

-Sí, se cortaron las exportaciones de carne cuando se iba para arriba el precio y eso, más allá del conflicto político que se desató, produjo una baja de algunos valores de cortes. La suba de la carne, además, tiraba para arriba el resto de los precios. Ahora bien, se armó un conflicto enorme con los exportadores de carne que después derivó en un acuerdo, que no fue del todo satisfactorio por las cantidades acotadas y la pésima calidad de lo que se ofrecía a precio controlado. Pero demuestra que cuando se toman medidas fuertes y hay voluntad política hay conflicto pero algún resultado genera. 

Hace unas semanas se habló de la posible creación de una empresa estatal de alimentos. ¿Es una herramienta que puede ayudar?

-Absolutamente. Es indispensable un instrumento de esas características que ayude al proceso de crecimiento de las cooperativas de productores de la economía popular, que existen por todos lados y tienen todas las perspectivas para convertirse en un actor en el mercado.

"Es indispensable un instrumento como una empresa estatal de alimentos".

Para eso requieren de la ayuda del Estado. Hay experiencias muy valiosas en ese sentido en Bolivia y Brasil, por ejemplo. En Bolivia en particular existe desde hace unos 15 años, y ayudó en el momento inicial del gobierno de Evo Morales a combatir precisamente una situación similar a la que tenemos nosotros ahora, aunque podría decirse que a la inversa, porque ellos importaban alimentos, nosotros producimos alimentos para 300 millones de personas con un mercado interno de 40 millones y el mercado internacional produce una presión de precios enorme hacia adentro, donde en muchos casos pagamos a precio dólar. Una empresa estatal podría ayudar. También un observatorio de precios, que en su momento también surgió como una posibilidad y quedó durmiendo en el cajón de algún despacho. 

Eso termina impactando, como decís, en los sectores populares, que son los que mayormente consumen en los negocios de cercanía. Si bien el INDEC anunció una baja de la pobreza y la indigencia, y además el sector formal de los trabajadores se recuperó respecto del macrismo, todavía pareciera que donde más pega la inflación es en los que menos tienen. ¿Está el Gobierno “empezando por los de abajo” como prometió?

-La situación social es crítica. Los índices de salario que publica el INDEC son una radiografía de esa situación. Si se toma de punta a punta el año pasado la inflación estuvo alrededor del 51 por ciento y los salarios formales estuvieron un poquito por encima, en torno a los 52, pero el problema es que esa es la foto final y hay que ver la película, porque los aumentos paritarios muchas veces empataron la inflación de meses anteriores, donde el salario perdía frente a la inflación y eso es una pérdida de poder adquisitivo que no se recupera.

"Pese a la recuperación económica hay un sector que sigue perdiendo".

Los salarios informales crecieron en alrededor del 40 por ciento, una caída de diez puntos, y estamos hablando de que son el 30 por ciento de los que tienen trabajo. Eso confirma que pese a la recuperación económica hay un sector que sigue perdiendo. Además, el desagregado de empleo da que crecieron los ocupados que buscan trabajo, es decir que les alcanza y necesitan más de un empleo. Y respecto de la indigencia, basta ver la magnitud de los acampes en la 9 de Julio, que no se veía un despliegue así desde hacía mucho tiempo. Entiendo que el Gobierno está esta preocupado: si no puede generar una sensación de que está conteniendo los aumentos, sobre todo en alimentos, poniéndose firme y enérgico, se profundiza obviamente la pérdida de consenso.

Por último, el relevamiento de febrero de ISEPCi marcó casi diez puntos de inflación en alimentos en comercios de cercanía antes de la invasión rusa en Ucrania y todo lo que eso generó, incluso antes del anuncio de la “otra guerra”. ¿Qué podemos esperar respecto de marzo?

-Estamos concluyendo el relevamiento en el conurbano y tenemos por delante la sistematización, pero no soy de adelantarme tanto a los números que todavía no tenemos del todo sistematizados. Las provincias suelen dar datos divergentes, pero por ejemplo en La Rioja nos dio un 12 por ciento de aumento, vamos a ver si eso es representativo.