Una de las características notables de la República Argentina es la desigualdad en el nivel de desarrollo de su territorio. Esta asimetría de provincias y regiones es uno de los elementos que la definen como país subdesarrollado, emergente, en transición, periférico.

En la cúspide de esta estructura desigual se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, cuyos indicadores globales de desarrollo relativo la emparentan, grosso modo, con la periferia europea, mientras que el resto del país está varios escalones detrás, con algunas áreas del NOA/NEA con indicadores similares a los de África.

El proceso que genera esta asimetría ha sido conceptualizado como de “causación circular acumulativa”. Las zonas que se “adelantan” desatan fenómenos virtuosos tales como inmigración, mercado más amplio y dinámico, atracción de inversiones. Simétricamente, otras áreas sufren un retraso relativo por las emigraciones, depresión de la demanda en el mercado local, fuga de divisas.

Un elemento central de este proceso es su reflejo en el ámbito político institucional. La mayor dinámica atrae la localización de agentes económicos y, de allí, no es extraño que concentre poder y genere un sistema de políticas públicas que lo coloca como espacio privilegiado.

Esta situación se ve, en parte, compensada por la forma de gobierno federal que, al dar igual representación a todas las provincias, tiende a mitigar el poder estructural de la Ciudad de Buenos Aires. Aun así, en muchos casos, el Estado en vez de cumplir un rol básico de igualación de oportunidades, profundiza las diferencias territoriales. Uno de los ámbitos en donde esto es notorio es en la función de Ciencia y Tecnología.

Si se ven los principales organismos destinados a diseñar políticas e instrumentos para el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país (Mº de CyT - CONICET, CNEA, INTA, INTI), salvo honrosas excepciones -como la Provincia de Río Negro donde se encuentra el Centro atómico Bariloche, INVAE e INVAP- la mayoría de las oficinas centrales y principales laboratorios se localizan en la CABA.

El presupuesto nacional refleja esta situación. Si observamos su distribución territorial para la función Ciencia y Técnica del año 2019, encontraremos que el 33,9% del total se ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires. En el otro extremo, las 17 provincias con menos gasto ejecutan de forma agregada menos del 15% (en promedio, menos del 1% del total).

Si analizamos la distribución per cápita, veremos que el presupuesto nacional asignó por este rubro $1.092 por habitante, pero con enormes diferencias entre las provincias: los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires recibieron $3.973 mientras que los de Santiago del Estero apenas $258. Sólo dos distritos superan la media nacional: la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Río Negro, los otros 22 se encuentran por debajo.

El presupuesto por habitante de CABA cuadriplica el de Tierra del Fuego, y representa 15 veces el de Santiago del Estero, 11 veces el de San Juan y 6 veces el de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto por habitante de CABA es equivalente al de 12 provincias en su conjunto (La Rioja, Corrientes, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Chaco y Santiago del Estero).

En el siguiente gráfico se muestra en las barras azules los recursos per cápita que se asignan a cada distrito y en la línea roja el promedio nacional.

: Berozzi H y Vaca J (2020) Informe Distribución Geográfica Función Ciencia y Técnica, documento de trabajo octubre de 2020, disponible en:  https://claudiabernazza.ar/ciencia-y-tecnologia/

Para comenzar a solucionar esta situación, recientemente se ha aprobado la ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación[1].

Considerado el instrumento legislativo más importante de los últimos 20 años para el sector, la Ley tiene varios capítulos trascendentes. En nuestro caso, queremos destacar que el 20% (como mínimo) del incremento anual deberá distribuirse entre las provincias y aplicarse a proyectos que promuevan un desarrollo armónico de las regiones del país, poniendo énfasis en aquellas de menor desarrollo a fin de reducir asimetrías y fortalecer los sistemas provinciales.

En síntesis: es imposible imaginar el desarrollo de un país más armónico sin que cada región genere una capacidad propia en el campo de la Ciencia y la Tecnología. La política ha generado un instrumento para avanzar en este sentido; se necesitan muchos otros para lograr que todos los argentinos, independientemente del lugar en donde vivan, tengan los mismos derechos.

[1]La Ley establece un incremento del presupuesto público hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Es importante aclarar que la función “ciencia y Técnica” del presupuesto nacional no es lo mismo que la inversión total en I+D que incluye aportes privados. Sobre estos últimos, claro está, no puede legislarse directamente. 

*En co-autoría con Horacio Cao. Investigadores del CIAP / FCE / UBA. Twitter: @horaciocao30