Mauricio Macri rompió todos los récords de la democracia y durante sus cuatro años de mandato expulsó del país a unos 2535 extranjeros de acuerdo a datos oficiales a los que accedió Diagonales, casi el doble de los que se contaron durante el período inmediatamente anterior, hasta 2015. Muchos de los migrantes extraditados por Macri tenían residencia y familia en argentina, pero cayeron en la inclemencia de una política migratoria “xenófoba”, al estilo de las derechas europeas, tal como la definieron organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales y internacionales como el CELS, CAREF o Amnistía Internacional. 

El debate por la política migratoria se reavivó ayer tras la carta con críticas al Gobierno publicada por Macri en sus redes sociales, en la que afirma que desde que el Frente de Todos llegó al poder se produjo "el mayor éxodo de argentinos de la historia" hacia el exterior. La supuesta fuga de argentinos y argentinas fuera de las fronteras fue rápidamente desmentida por la directora de Migraciones, Florencia Carignano. “El promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 por día. “Mientras que al tomar los datos de la declaración jurada migratoria, el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día. Menos de la mitad. Esta es la información oficial. Dato mata relato”, resaltó la funcionaria. 

Pero el lado B de la discusión está relacionado, además, con las posibilidades que da el país a aquellos y aquellas que, a la inversa, llegan al país en busca de nuevas posibilidades. Según los últimos datos publicados por la ONU (el INDEC tendrá sus propios números luego del censo nacional, pautado para el 18 de mayo), hay en la Argentina unos 2.212.879 de inmigrantes, un 4,92% de la población total. Se trata del doble de la cantidad de argentinos que residen en el exterior, que supera apenas el millón, el 2,27% del total de argentinos. 

“Argentina recibe muchas más personas de las que se van. Basta ver la región para darse cuenta que somos el segundo país con menos emigrados y el segundo con más inmigración”, apuntó el Director de Asuntos Internacionales de Migraciones, Andrés Pérez Esquivel. 

La política migratoria del gobierno de Macri estuvo marcada por el DNU 70, que entró en vigencia a partir de 2017 y habilitó la expulsión masiva, a través de trámites express, de extranjeros con causas penales en el país. El decreto habilitaba la expulsión sin sentencia firme y fue declarado inconstitucional en dos instancias judiciales y derogado finalmente por Alberto Fernández el año pasado, cumpliendo una promesa de campaña. 

El DNU 70 permitió duplicar los guarismos de expulsión de personas. Fueron 323 en 2016, 489 en 2017, 705 en 2018 y finalmente 1018 en 2019, año de récord absoluto en democracia.

Durante su vigencia, “se vulneraron derechos y garantías: las reglas del debido proceso, el derecho a la vida en familia, a desarrollar sus proyectos de vida, al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, a la libertad ambulatoria. Además, en muchos casos la aplicación del DNU separó a madres de sus hijos, y a miles de personas se les sometió a una inminente expulsión, atada a la suerte de los escasos recursos legales que ofrecía la norma. Todos los extranjeros en Argentina, además, quedaron sometidos a la incertidumbre de ser expulsados”, dijo el CELS en su momento. 

Hubo un caso testigo que recorrió el mundo: el de Vanessa Gómez Cueva. En 2018 fue expulsada del país por un caso de tenencia de marihuana que databa de 2014, pese a que no tenía condena firme. La mujer fue expulsada de la Argentina hacia Perú junto a su bebé -nacido en el país- y separada de sus otros dos hijos, de 6 y 14 años. Por presión de organizaciones de Derechos Humanos, el ex director de Migraciones, Horacio García, tuvo que dar explicaciones sobre el caso en el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizado en Ginebra, en 2019. Luego tuvo que revertir su decisión y dejarla regresar al país.

Esa política de mano dura para la tribuna redundó además en una pésima gestión de los trámites de residencia, y la dirección de Migraciones se convirtió en un desaguisado. Macri y García dejaron más de 70 mil trámites de radicación sin resolver, y un aumento del mil por ciento en el costo para obtener la ciudadanía argentina, obligando a miles de migrantes a la informalidad más absoluta. De hecho, según admitió la ANSES en 2020, casi medio millón de extranjeros en el país que solicitaron el IFE en el peor momento de la pandemia no pudieron acceder al beneficio por problemas con la documentación.