La historia y los números de la disputa por la coparticipación, el transporte y los terrenos

El 9 de diciembre de 2019, 24 horas antes de dejar el poder, el ex presidente Mauricio Macri firmó el último de una serie de decretos de necesidad y urgencia a través de los cuales le cedió unos 100 terrenos públicos a la Ciudad de Buenos Aires. El equivalente a unos 16 mil millones de pesos, según una estimación que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizó a principios de 2020 a pedido de Alberto Fernández. 

Los decretos se fueron apilando frenéticamente uno tras otro durante los últimos 80 días de Macri en la Rosada -algunos fueron firmados incluso el día después de la derrota electoral, el 28 de octubre de ese año- y en su mayoría transfirieron los inmuebles como forma de pago, a cambio de que la Ciudad absorbiera las deudas de Nación para el financiamiento de distintas obras públicas realizadas en territorio porteño, como el Paseo del Bajo o los viaductos San Martín y Belgrano Sur.  

Casi todas esas transferencias, de todos modos, fueron revertidas. Unos 30 terrenos, entre ellos las playas ferroviarias de Caballito y Palermo, volverán a manos de Nación, que se hará cargo a cambio de los 175 millones que se le deben al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El acuerdo se alcanzó en febrero de este año, durante la misma semana en que ambas administraciones se reunían por primera vez para debatir otro traspaso, el de las 32 líneas de colectivo exclusivamente porteñas. 

En el caso de los colectivos, la discusión se centra en unos 14 mil millones de pesos proyectados para este año en materia de subsidios. Nación tiene decidido transferir las líneas a la Ciudad, y le exige que se haga cargo de ese monto y que, además, mantenga el valor actual del boleto. El argumento es que así funciona, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, que financia su servicio en más de un 90 por ciento con recursos propios, sin contar un pequeño porcentaje de la tarifa social, que queda a cargo de Nación. 

Desde el Ejecutivo porteño ven inviable asumir de un día para el otro todo el combo y buscan una resolución consensuada. Piden, también, sumar a la administración de Axel Kicillof a la mesa. De esa forma, creen, se puede sopesar, de manera conjunta, el costo político del aumento del boleto, que ven inevitable. “Es un tema más político que de recursos”, dijeron a Diagonales desde la sede de Parque Patricios. 

Este jueves volverán a juntarse funcionarios de ambas secretarías de transporte, representadas por Diego Giuliano por Nación y Manuela López Mendez por Buenos Aires. El tema por la Ciudad lo lleva el flamante ministro de Gobierno, Jorge Macri, ex intendente de Vicente López. En su entorno desestiman que el conflicto pueda llegar a la Corte, tal como en su momento amagó un sector del Pro, y apuestan a que el diálogo derive en una posición intermedia, satisfactoria para los dos bandos en disputa. 

En la Corte tramita el expediente más caliente, iniciado por la Ciudad. Se trata del recorte de dos puntos de coparticipación federal al Ejecutivo porteño desde fines de 2020, primero por decreto y luego por una ley que apoyaron los gobernadores peronistas en su totalidad. El conflicto surgió a partir de la rebelión de la Bonaerense, que puso en vilo a la Provincia. Los recursos que dejó de gozar la Ciudad se traspasaron inmediatamente del otro lado de la General Paz. En Parque Patricios calculan que son unos 120 mil millones de pesos este año. 

Cuando se inició el debate parlamentario, a fines de 2020, desde el ministerio de Interior elaboraron un informe con los números finos del traspaso de la federal a la Ciudad, que Macri financió aumentando los fondos coparticipables, también por decreto (lo que fue subsanado por la ley de responsabilidad fiscal recién en 2018). Para la Rosada, hubo una transferencia desmedida de fondos, muy por encima de lo que requería el traspaso, que dió nacimiento en 2016 a la Policía de la Ciudad. Según el cálculo del informe, el Ejecutivo porteño recibió entre ese año y 2019 unos 86 mil millones de pesos en “exceso”. 

Es decir, que el total de los fondos excedió por mucho lo necesario para financiar el traspaso: 10 mil millones de más en 2016, que fueron 15 mil millones en 2017, 23 mil millones en 2018 y 36 mil millones en 2019, tal como lo muestra el gráfico (ver abajo) que formaba parte de aquél informe. 

Para darse una idea de lo que significan esos recursos que Nación denuncia como “extras”, equivalen a cuatro veces el gasto que el Estado realizó en la Ciudad durante el primer año de pandemia a través de las mejoras en el sistema sanitario y los instrumentos de contención económica como el IFE y los ATP. 

Si bien el larretismo prefiere eludir que la discusión se centre en los números, en respuesta al informe de Interior difundió en su momento los gastos en materia de seguridad durante 2019 presentados ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI). Según esos documentos, la Ciudad gastó ese año 52 mil millones de su presupuesto en el ítem seguridad, osea unos dos mil millones más que los 50 mil que recibió de Nación en la materia. 

El problema de ese argumento, de todos modos, es que el ítem “Seguridad” excede el costo del traspaso de la Federal. Sueldos y demás gastos son sólo una parte del total. Para colmo, el decreto original de Macri no incluyó informes técnicos ni especificación alguna sobre por qué transfería los fondos que transfería ni a qué rubros, es decir no tenía un cálculo transparente de los fondos, lo que de alguna manera complica la defensa de la Ciudad ante la Corte en ese punto en concreto. 

"Los argentinos y argentinas deben saber que, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, mediante un decreto inconsulto, la coparticipación de la Ciudad pasó de 1,4 % a un 3, 75% y esta medida se llevó a cabo de manera discrecional, arbitraria y unilateral", explicó el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, a la salida de la última audiencia en la Corte por el asunto, el último jueves. 

"Esos recursos que eran de todas las provincias, fueron asignados a la ciudad de manera ilegítima sin tener aprobación del Congreso, como indica la Constitución Nacional. Durante 2015 y 2019 el incremento de las transferencias a las provincias fue de 3,6 veces promedio, mientras que el incremento en la Ciudad llegó a 10,6 veces", agregó el ministro.

La estrategia del ministro pasa por exponer las asimetrías de recursos entre la Ciudad y el resto de los distritos. Incluso con la quita de coparticipación vigente, la capital del país goza de un gasto presupuestario per cápita que es más de un 50 por ciento superior al de Córdoba y más de 25 por ciento de Santa Fe, dos provincias que tienen una población similar y recaudan muchísimo menos en materia impositiva local. La comparación con la Provincia de Buenos Aires, por caso, es brutal: el presupuesto per cápita de la Ciudad es tres veces superior. 

Por si fuera poco, en 2017 Nación se hizo cargo del 80 por ciento de la financiación del Hospital Garrahan. Antes, el reparto era 50 y 50. Nación pondrá este año $9.712,5 millones, según figuraba en el proyecto de ley del presupuesto. 

"No es justo que se hayan transferido 32 inmuebles en los últimos 80 días de gobierno. No es justo que el gobierno nacional se haya tenido que hacer cargo del 80% de la administración del Hospital Garrahan. Pero sobre todo no es justo que la ciudad siga teniendo un presupuesto mayor en comparación con provincias con más población", se quejó el ministro tras el cónclave con el jefe de Gobierno de la semana pasada. 

Rodríguez Larreta “sabe muy bien que no se le quitaron fondos a la ciudad, sino que se recuperaron los recursos que Macri quitó a las provincias de manera arbitraria. No es justo para las provincias que se haya triplicado prácticamente el porcentaje para una de las ciudades más ricas y más concentradas de la Argentina", dijo.