Luego de 24 horas en las que su nombre se volvió conocido por la vehemencia con la que el Poder Ejecutivo arremetió contra ella, a partir de la palabra del ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, que la desafió aduciendo que iría contra ella ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que lo excede como funcionario nacional, la jueza penal, contravencional y de faltas de CABA Karina Andrade rompió el silencio.

La magistrada defendió su resolución por la que liberó a 114 detenidos tras la salvaje cacería en las inmediaciones del Congreso nacional durante la manifestación de jubilados e hinchas de fútbol.

La cacería que desató la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dejó un saldo de 25 personas detenidas por las fuerzas federales y de 99 por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. A esto se suman los 20 manifestantes heridos que fueron reportados por el SAME, mientras que el fotorreportero Pablo Grillo lucha por su vida. Por otra parte, hay todavía 5 personas detenidas.  

“No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”, planteó la jueza a María O´Donnell. Además sostuvo que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones. Apuntó a la Fiscalía, porque no dio pruebas ni tampoco pidió tomar medidas.

La jueza Andrade se defendió: Dijo que el fiscal y la Policía no presentaron pruebas

Andrade es apuntada por el Gobierno por un “posible incumplimiento de funciones”. Recibió acusaciones del jefe de Gabinete Guillermo Francos, y también por la propia Bullrich, que en estas horas se convirtió en la voz autorizada por los hermanos Milei para expresarse con más presencia en los medios de comunicación.

“En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada”, aseguró la magistrada. Expresó que su "función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”. “Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, aseveró Andrade.

Los términos más amplios del fallo con el que Andrade argumentó las 114 liberaciones son el "caballito de batalla" del Gobierno. Allí la jueza no dio vueltas: "A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente".

No era sorpresa que después de conocer su resolución, el ecosistema de medios y de las redes sociales afines a LLA apareciera inundada de slogans que vinculan a Andrade con el kirchnerismo. La nueva forma de separar ángeles de demonios.