La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur en la causa por el hundimiento del ARA San Juan.

Días atrás, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de los tripulantes, amplió la denuncia contra el expresidente y el exministro de Defensa. Según la letrada, el gobierno argentino supo la ubicación del submarino pocos días después de su desaparición y aportó una nota periodística en la que un excomandate chileno aseguró que ese país dio con la nave pasados los 11 días desde su hundimiento.

Los artículos periodísticos aportados al expediente incluyen declaraciones del excomandante del buque chileno Cabo de Hornos, el capitán de navío retirado César Miranda, quien días atrás dijo tener la “certeza” de que el 26 de noviembre de 2017, 11 días después del último contacto del Ara San Juan, detectaron su ubicación.

"Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EE.UU.) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco", dijo Miranda en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación de la querella.

En este marco, es que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó hoy la mayoría de los procesamientos ordenados por la jueza Marta Yañez por el hundimiento del ARA San Juan y ordenó  investigar al ex presidente, al ex ministro de Defensa y al entonces jefe de la Armada; quienes hasta ahora no fueron citados a declarar, a pesar de los pedidos de la querella.

La Justicia pretende investigar si el gobierno de Mauricio Macri tiene responsabilidad en el hundimiento del submarino. “Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, dice la resolución de la Cámara Federal.

“Estas razones impiden – al menos en este estado del proceso - descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”, reza el fallo judicial. 

Por otro lado, el tribunal presidido por Javier Leal de Ibarra e integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, confirmó los procesamientos del ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, del capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.

Asimismo, la Cámara también ordenó que se realice una pericia técnico- informática “sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ por parte de la empresa Ocean Infinity” y una pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.