Hay algunas Pascuas que marcan un antes y un después en la historia argentina. Probablemente quede en la memoria colectiva lo que significó la Semana Santa de 1987, en la que el gobierno radical de Raúl Alfonsín soportó el primero de los cuatro levantamientos carapintada, que tuvo su inicio durante el feriado de ese año.

En esa jornada se produjo el amotinamiento de oficiales y suboficiales de rango medio y bajo del Ejército en Campo de Mayo, contrapesado con una enorme movilización popular a la Casa Rosada y luego con la negociación que inició el jefe de Estado con los mandos militares, que terminó con la recordada frase en el balcón a su vuelta: "La casa está en órden y no hay sangre en la Argentina".

Hay otras Pascuas que si bien no implicaron una amenaza concreta a la institucionalidad como la que significaron las de 1987, sí fueron un parteaguas en la política argentina de los últimos años. Con ese espejo retrovisor hoy se recuerda lo que fue, en 2008, el paro de más de cuatro meses de la Mesa de Enlace, contra el gobierno del Frente para la Victoria, a pocos días de asumir Cristina Fernández de Kirchner su primera presidencia.

Para muchos este fue el comienzo de la "grieta" moderna entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, que tuvo su expresión política más consolidada con el triunfo de Mauricio Macri en la elección presidencial del 2015.

El epicentro de este hecho fundante fue la disputa política entre una dirección estatal con una perspectiva redistributiva y un sólido bloque de contención y ataque desde el campo, que unía desde los productores más pequeños y medianos, hasta las expresiones más enquistadas de la dirigencia rural, los grandes empresarios del agro y las principales cerealeras exportadoras.

Los representantes políticos más visibles estaban reunidos en la Mesa de Enlace, que nuclea a los principales dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)

El disparador: el anuncio del por entonces ministro de Economía Martín Lousteau de la nueva fórmula de retenciones móviles para la exportación de soja, girasol, trigo y maíz. Se planteaba que si los valores se ubicaban debajo de los 200 dólares en el mercado de Chicago, la retención caía a cero. Si estaba entre los 200 y los 400 dólares, se llegaría a la alícuota del 35,7%. Y cuando fuera por arriba de los 600 dólares, la tasa de retención se ubicaría en 49,33%.

La escalada de la tensión fue inusitada: desabastecimiento por el cese de comercialización del mercado interno y con los productos de exportación; cortes de ruta, tanto sobre los caminos como en los costados; manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del país desde los sectores que apoyaban la causa agraria bajo el lema "el campo somos todos", pero también de los sectores que anidaban el discurso gubernamental de anteponer los intereses colectivos por sobre los "individuales". La Argentina, un polvorín.

Con el rechazo del Senado a la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, y tras el histórico voto "no positivo" del vicepresidente Julio Cobos para desempatar la votación en la Cámara alta, quedó marcada a fuego una relación que históricamente había sido de desencuentros y rechazos mutuos. La de los gobiernos de signo peronista con las entidades rurales.

De simpatía con el gobierno de Mauricio Macri, y de rechazo, como era de esperar, con la gestión de Alberto Fernández, con movilizaciones por ejemplo ante la fallida iniciativa gubernamental de expropiar a la exportadora vaciada Vicentín, que entró en default en diciembre de 2019, la relación del campo con el actual mandatario Javier Milei tiene amores y pocos odios, sopesados por tratarse de un presidente afín ideológicamente.

Fiel a su verborragia y a su postura de siempre jugar sobre los flejes, el presidente "libertario" que siempre se mostró en favor de la baja e incluso la eliminación de las retenciones, como parte de su promesa de campaña, esta semana les avisó a los exportadores sobre el plazo límite del 30 de junio para que vendan la producción de granos, cuando volverán a regir los esquemas de retenciones suspendidos.

El Gobierno tardó un año en disminuir los impuestos a las exportaciones agrícolas y solo lo hizo de forma temporal, tras el pataleo de las entidades rurales durante todo el 2024. En la Casa Rosada se encargaron de remarcar que la baja de las alícuotas en un 4,2 % promedio iban a ser temporales. Las retenciones a la soja pasaron a principios de año de un 33 % a 26 %; sus derivados, de 31 % a 24,5 %; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz disminuyeron de 12 % a 9,5 %; y el girasol bajó de 7 % a 5,5 %.

Tras la reiteración oficial de que las exportaciones son "temporales" por un plazo de seis meses y que en junio volverán a subir, algunos dirigentes del campo, presionados por las bases, debieron salir a expresar su descontento y el anticipo de que no liquidaría la cosecha con los actuales márgenes de ganancia. De todos modos, se trata de un enojo que está a años luz de lo que fueron las agresiones al Gobierno en el 2008.

“El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”, planteó el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, de forma zigzagueante. "Dice que no hay plata, pero nosotros estamos vendiendo más que el año pasado. Los números marcan lo contrario a lo que insinúa”, afirmó el dirigente.

“El productor ya puso el hombro. No se puede seguir mirando al agro como una fuente inagotable de recursos", aseveró, para luego indicar que el Poder Ejecutivo gobierna "desde el prejuicio": "El agro no es el enemigo, es parte de la solución”.

En la misma línea discursiva conciliadora se paró Andrea Sarnari, titular de una Federación Agraria que históricamente se ha mostrado como el espacio con miradas menos tradicionalistas, pero que esta vez optó por seguir la misma senda de sus socios en la Mesa de Enlace. "No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal, lo va a hacer en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos de la cosecha”, afirmó.

Las críticas solapadas de Sarari siguen en modo "mano amiga": "Hay que seguir promocionando los canales de diálogo, hay que hacer tender puentes desde el campo a los funcionarios de este gobierno, que con nosotros como aliados es con quién van a tener los dólares que necesitan para continuar con su plan económico".

Milei le pega un cachetazo al campo, y se lo devuelven con un abrazo mimoso. Una amistad que en días de Pascuas se asemeja más a un síndrome de Estocolmo.