Mientras que el Frente de Todos se debatía entre la posibilidad de desacatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia o cumplir con lo mandatado, la Unión Cívica Radical había advertido que pediría un juicio político contra Alberto Fernández si el Gobierno no cumplía con la orden del máximo tribunal. Sin embargo, cuando el Presidente anunció que le pagaría a la ciudad de Buenos Aires, la UCR dio marcha atrás con la acusación. Hasta ahora. 

Este miércoles, el bloque de diputados nacionales de la UCR presentó el proyecto por el que busca la destitución del jefe de Estado a partir de un jury y, de esta forma, se alineó con el PRO. 

Poco después del anuncio del jefe de Estado, el radicalismo había confirmado que no pediría el juicio político contra Fernández porque finalmente el Ejecutivo Nacional acataba el fallo de la Corte. Pero dicha postura le trajo problemas con sus compañeros amarillos de Juntos por el Cambio que sostienen que el pago con bonos de deuda pública (en lugar de fondos) no cumple con la cautelar dictaminada por la Justicia. 

Mientras que el radicalismo anunciaba que no presentaría un pedido de jury porque el Gobierno aceptaba la resolución del máximo tribunal, Horacio Rodríguez Larreta y los principales dirigentes del PRO aseguraban que la modalidad de pago elegida por Nación seguía siendo un incumplimiento del fallo. 

El radicalismo había quedado en offside y necesitaba reconciliarse con sus aliados para mostrar una postura unificada dentro de la coalición. Por eso, volvió a dar marcha atrás y avanzó con el pedido de juicio político contra Alberto Fernández "por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

Entre los fundamentos esgrimidos en el proyecto presentado, el bloque de la UCR sostiene que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir a CABA es “un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia al fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales”.

“Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”, concluyeron los diputados.