Larreta, en su hora audaz y definitiva
El jefe de gobierno porteño fue a la guerra con el Gobierno con un fallo que es papel mojado pero que demostró que está dispuesto a pelear en el barro. La posibilidad de que la Corte le devuelva al Presidente la "autoridad" para imponer medidas sanitarias.
En un solo movimiento, Horacio Rodríguez Larreta consiguió el fin de semana colocar dos piedras basales en la construcción (todavía incipiente) de su candidatura presidencial de cara a 2023: alineó detrás de sí, al menos por un rato, al ala dura de la oposición cambiemita, Macri incluido, y le dio una demostración de su voluntad de pelear en el barro por el poder; y desafió, en nombre de la autonomía jurídico-política de la Ciudad que gobierna, no sólo una orden del presidente de la Nación, sino la autoridad del propio Alberto Fernández para imponer decisiones.
Lo hizo con un fallo de Cámara del fuero Contencioso Administrativo porteño que es, en la opinión unánime de voces autorizadas en materia judicial, papel mojado. Fue una jugada audaz que, a la luz de los hechos, se ejecutó con la perspicacia necesaria para concretarla frente a las narices del Gobierno, que no la vió venir y reaccionó tarde. Larreta también demostró que no iba a la guerra gritando tal vez.
El viernes pasado, minutos antes de pisar Olivos para reunirse con Fernández, el Jefe de Gobierno ya tenía la ingeniería judicial desplegada en sus propios tribunales. Dos funcionarias de la estructura del Pro, la defensora pública porteña María González Castro Feijóo y la Asesora Tutelar Norma Sas, presentaron a las 10 de la mañana de ese día la primera cautelar contra el DNU del Presidente que suspendía las clases presenciales. La demanda estaba dirigida no contra el Estado Nacional, que promovía el cierre, sino contra el de la Ciudad, que se oponía. La estrategia no era inocente y el mismo camino siguió la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), que consiguió el fallo de la polémica el domingo a la noche para que Rodríguez Larreta pueda abrir las aulas.
Algunos que recorren los pasillos de la justicia de la Ciudad y conocen el trayecto de ese tipo de expedientes habían detectado en ambas demandas indicios suficientes para advertir que el domingo podría pasar lo que finalmente sucedió. Detectaron a simple vista una estrategia, un engranaje político-judicial en acción. Pasaron aviso, pero no fueron escuchados. El lunes, con las escuelas porteñas abiertas, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, consiguió el mismo fallo pero a la inversa del juzgado Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, pero ya era tarde. El Jefe de Gobierno ya había conseguido su propio fallo a nivel local y se aferraba a él. “Larreta jugó más audaz y más rápido”, decía, con mezcla de sorpresa y reproche, una fuente que conoce desde adentro a varios de los que movieron los expedientes.
La Corte, con pereza, decidió tomar la apelación del Jefe de Gobierno recién el lunes, y le dio 5 días al gobierno para justificar por qué la presencialidad escolar es peligrosa, algo bastante obvio y formal, por más que se lo quiera negar, en este contexto atroz de crecimiento exponencial de casos de la segunda ola y la saturación del sistema de salud en el AMBA.
Una de las voces más autorizadas en la materia explica que la Corte es el único tribunal capaz de discernir la disputa en términos jurídicos, dado que se trata de una discusión entre el Estado nacional y una “provincia con autonomía limitada” como la Ciudad. Lo que se desprende de esa afirmación es que el fallo que obtuvo a favor Zannini para el Gobierno tampoco tiene validez.
El problema que afrontan los Supremos, aparte del político, tiene que ver ahora con su capacidad de fallar sobre un tema sanitario, que pertenece más por razones obvias al campo de la infectología que al del derecho. La Corte podría fallar en contra de la decisión de un Gobierno, explica la fuente, en caso que decretara alguna barbaridad, como aprovechar el Covid para prohibir el consumo de alcohol en la Ciudad; pero ese no es el caso. La decisión de cerrar las escuelas sería incuestionable en tanto fue tomada en la plena capacidad de decidir cómo afrontar sanitariamente la pandemia en curso. Por carambola, la Corte podría estar entonces devolviéndole al Presidente su autoridad cuestionada y volverlo a poner en el centro de la escena, del que salió, además, por sus propios errores.
Porque si bien los sesgos desestabilizadores surgieron desde un principio (la jefa del PRO, Patricia Bullrich, llegó a decir que Fernández “no tiene autoridad” para tomar medidas restrictivas) es cierto que el Presidente anunció el cierre de clases de manera intempestiva y contradiciendo a sus propios ministros. En un mensaje grabado, además.
Con las cartas sobre la mesa, un Rodríguez Larreta triunfal recorrió esta semana Tres de Febrero junto al intendente Diego Valenzuela y se dejó entrevistar en los programas de la tarde de la televisión. Los colegios siguieron abiertos, pese al contundente paro docente, que impactó sobre todo en las escuelas públicas. Según dejó trascender su amigo Sergio Massa, Larreta habría actuado bajo presión del núcleo duro del Pro. Sea como sea, de lo que pasó esta semana no hay vuelta atrás. La reunión para analizar la pandemia de ayer entre Fernández y Kicillof, sin el Jefe de Gobierno, excluído a partir de ahora de todo "diálogo", es quizás un primer síntoma de eso.
En el cálculo de costos políticos, pica en punta la situación sanitaria: habrá que ver si el aumento sostenido de contagios que anuncian los infectólogos -y el cumplimiento generalizado de una especie de auto-cuarentena en la que entró buena parte de la población del AMBA, tal como lo describió Sergio Berni en el audio que se viralizó el jueves- terminan por revertir los ánimos de esta semana y el pesimismo político cambia de bando.
