Luego de que la Cámara Federal de La Plata apartar al juez de Lomas de Zamora Federico Villena, se desató una catarata de pedidos de excarcelación por parte de los detenidos a los que dicho magistrado había ordenado apresar.

Susana Martinengo, ex titular del área de Documentación de la Casa Rosada en el gobierno de Mauricio Macri, presentó  junto a los ex agentes de la AFI Facundo Melo y Jorge Sáez, quienes también reclamaron ser excarcelados por considerar "nula" la detención ordenada por Villena, ante el nuevo magistrado que lleva adelante la causa.

Los primeros en reclamar su liberación fueron los ex espías Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez. Rápidamente se les sumó Susana Martinengo, quien ya tenía el visto bueno de la fiscalía para cumplir prisión domiciliaria y fue indagada entre las 22 horas de ayer y las 2 de la madrugada de hoy.

Según trascendió, Martinengo comenzó su indagatoria destacando que ella es una mujer grande, que tuvo una posibilidad laboral de sumarse a un espacio político y que no cometió los ilícitos de los que se la acusa.

La exfuncionaria aseguró que "nunca" recibió informes de inteligencia, aunque confirmó que mantuvo reuniones con los exagentes de la AFI ahora detenidos, pero que fueron de índole personal para hablar de temas relativos a su carrera política. Además aseguró que con dos de ellos tenía un largo vínculo de confianza.

Según la investigación, la exfuncionaria se reunió al menos doce veces entre 2018 y 2019 con exmiembros de la AFI en su oficina de la Casa de Gobierno. Martinengo dijo no tener vínculos con Macri y que sólo mantenía un trato formal, de jefe y subordinado, con el secretario privado del expresidente, Darío Nieto, quien también está investigado en el caso.

Hoy, tras conocerse el fallo de la Cámara Federal de La Plata, la Policía Federal ya había trasladado al juzgado de Lomas de Zamora a tres detenidos cuyas indagatorias se preveían para la fecha: Javier Bustos, Dominique Lasaigues y Alan Ruiz; todos fueron llevados de vuelta a la sede policial donde están alojados en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de nuevas directivas y con sus indagatorias suspendidas, por el momento.

En total, son 22 los acusados en la causa a quienes se les atribuye haber sido parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", según surge del expediente.