Se sabe que la mayoría de los cargos políticos en la administración pública tienen fecha de caducidad. La mañana del 10 de diciembre de 2015, por caso, mientras Mauricio Macri tomaba posesión del cargo de presidente y le hablaba por primera vez al país desde el Congreso, los cuadros medios de Cambiemos tomaban posesión de los ministerios, secretarías y demás oficinas del Estado prácticamente vacías de sus “colegas” de la anterior gestión, ya renunciados o por renunciar.

Pero el Presidente tiene un as en la manga para cuidar a los suyos, unos 2500 militantes rentados, en caso de perder las elecciones, y el primer indicio apareció en junio en el acta paritaria del gremio mayoritario UPCN, conducido por Andrés Rodríguez, un histórico de la CGT a quien se le achaca una relación más que amigable con Cambiemos. 

Se trata de los “Acuerdos de Gestión para la Alta Administración Pública”, un plan que el entonces ministro de Modernización, hoy vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, trazó a la par de los despidos masivos –fueron más de 30 mil entre 2016 y 2017– y la “dotación óptima de personal”, como llamo a la serie de auditorías en los departamos de recursos humanos de todas las áreas del Estado.

Según reza en su descripción en el “portal de empleo público” de la web de Casa Rosada, el objetivo del programa es “orientar a la Administración Pública Nacional a la gestión por resultados, haciendo explícito el compromiso de todos para obtener el mejor rendimiento posible”. Pero desde las dos vertientes de ATE, el otro de los gremios estatales (creció en detrimento de UPCN en los últimos 20 años) desconfían de esa declaración.

Según explicaron a Diagonales, se trata de una suerte de carrera paralela de ascenso en el escalafón estatal, que permite ubicar en cargos políticos ejecutivos –directores nacionales y coordinadores de áreas- a militantes puestos a dedo por el Gobierno. “Una suerte de engendro administrativo para que todos los funcionarios que metió el macrismo sobrevivan a un próximo gobierno y a la vez aumentar el salario de este sector”, describrió el secretario gremial de ATE Capital, Hugo Bellón.

Las alarmas se prendieron a fines de junio, cuando el Gobierno homologó el acuerdo paritario con UPCN, en una de cuyas cláusulas el gremio adscribía al programa y ponía fecha de inicio en agosto de este año, antes del cambio de gestión.

El acta, con fecha del 6 de junio, la firmaron, por el Gobierno, el secretario de Empleo Público de Modernización, Pablo Legorburu, y Felipe Carillo, el segundo de Andrés Rodríguez en UPCN, entre otros. El anexo dedicado al programa establece que el cargo tiene una duración de 5 años y que en caso de romper el contrato, el funcionario debe ser indemnizado. Dos derechos –la estabilidad y la indemnización en caso de despido– del que carecen la gran mayoría de los trabajadores estatales que no forman parte de la planta permanente.

Además, establece salarios que los iguala con los funcionarios. En el sindicalismo en general coinciden en que se trató de un pacto en el que Rodríguez, uno de los sindicalistas menos rebeldes –no se le conocieron medidas de fuerza en estos cuatro años en los que el salario de los estatales se retrajo más que ningún otro– pondría gente de su propio gremio para asegurarse la continuidad de los suyos más allá de los Gobiernos.

Otra de las cláusulas que despertó indignación es que la carrera de “alta dirección pública” le pone un Coto a los ascensos que pueda lograr un trabajador común, de carrera, dentro del organismo en el que trabaja. “El acuerdo le pone techo a los empleados de carrera: todos los cargos de coordinador para arriba serían cargos políticos, y conla exigencia de menos condiciones que cualquier trabajador normal. Después tienen el tupé de hablar de ñoquis”, dijo Bellón.

“Esto viene a confirmar todo lo que el macrismo hizo con el empleo público, es decir, generar mayores cargos políticos con sueldos ejecutivos que en algunos casos superan los 250 mil pesos, como en Migraciones o en el Sedronar, mientras ajusta el salario del trabajador promedio, de 18 mil y 19 mil pesos, que en su mayoría no llega a cubrir a la canasta básica”, explicó a Diagonales Hugo Bellón.

Por la presión de los gremios, se conoció a fin de esta semana que el Gobierno debió retrasar, en principio, el acuerdo hasta 2020. “si nuestro gremio no intervenía esto iba a ser aprobado y se iba a poner en vigencia a partir del 1 de agosto, se iban a recalcular los salarios bajo este modelo, pasando de salarios de 90 a 135 mil pesos, o de 200 a 300.000 pesos”, aclaró el jueves el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy.

“Vamos a ir a la justicia si es necesario, pero no vamos a avalar este negocio político de Macri”, advirtió Bellón.