A partir del escándalo de la causa de "los cuadernos de la corrupción", un número importante de empresas relacionadas con la obra pública se vio involucrada en el supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo. En este contexto, desde el gobierno de Mauricio Macri crearon una serie de requisitos que en caso de ser cumplir con esas condiciones no perderán los contratos vigentes ni se las excluirá como proveedores del Estado.

El Gobierno nacional decidió establecer unas condiciones y un "código de buena conducta" para que las empresas involucradas en el expediente puedan seguir con los proyectos en curso. Según informaron, lo que no quieren desde Casa Rosada es que en plena crisis económica se detenga la obra pública iniciada. Es por eso que esta decisión publicada en el Boletín Oficial con la resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción, determinó una serie de lineamientos que deberán cumplir las compañías vinculadas con irregularidades para no dejar de ser proveedoras estatales y poder formar parte de proyectos de Participación Público Privada (PPP).  

Entre las condiciones se encuentra que tienen que excluir a los directivos condenados o arrepentidos por corrupción. Además, deberán aplicar programas de "integridad" con códigos de buena conducta y un sistema de denuncia interno ante cualquier nueva irregularidad.

También se contempla la posibilidad de que las empresas involucradas en las coimas paguen un resarcimiento al Estado por los daños generados, según indicó el diario La Nación. Pese a la resolución, ya hay algunos empresarios que dieron un paso al costado al quedar involucrados en la megacausa, como Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Armando Losón, Juan Chediack y Manuel Santos Uribelarrea.  

De esta manera, las compañías deberán pasar por una especie de "control" para mostrar su "transparencia".