A través del decreto 782/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei vetó finalmente y como había anticipado la ley de movilidad jubilatoria que implicaba un aumento de 8,1% de los haberes provisionales.  

De esta manera, el Gobierno mantiene su decisión de que sean quienes sostienen el superávit fiscal.

En el decreto, el Presidente alega que la iniciativa aprobada por ambas Cámaras del Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. 

Además, el Ejecutivo consideró que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.

Tras esta decisión, las miradas vuelven a posarse sobre el Congreso de la Nación porque allí se definirá si rige efectivamente o no el veto presidencial a la reforma jubilatoria. 

Para rechazar el veto e insistir con la nueva fórmula provisional, ambas Cámaras deberán volver a tratar la iniciativa y aprobarla con los dos tercios de los miembros presentes como sucedió en primera instancia. Sin embargo, crece la incertidumbre sobre qué harán principalmente los senadores del PRO que habían votado a favor de la ley pero ahora, tras las negociaciones de Mauricio Macri con Javier Milei, pueden darse vuelta. 

La ley de movilidad jubilatoria será tratada primero en Diputados, cámara de origen y, luego, en el Senado.

En ese contexto, desde el Ejecutivo buscar presionar al Congreso y, en el mismo decreto en el que se publicó el veto, convocaron al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”. 

“La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”, afirmaron. 

En el texto, el Gobierno recordó que “tiene como objetivo primordial la emisión monetaria 0 a efectos de eliminar de raíz la crisis inflacionaria que socava el poder adquisitivo de los argentinos”, aún a costa de los jubilados. 

AH, PERO MANTIENEN EL BONO 

En otro decreto (783/2024), firmado por Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, el Gobierno oficializó que el bono de $70.000 para las jubilaciones minimas volverá a cobrarse en septiembre. 

El refuerzo fue aplicado en marzo por la administración nacional y desde entonces nunca actualizó los montos. 

Con el veto a la reforma jubilatoria, el haber mínimo de este mes será de apenas $234.540,23.  Con el bono de $70.000, la jubilación mas baja será de $304.540,23.

Cabe recordar que si bien la Canasta Básica Total para un adulto está en 291.472 pesos, la canasta para un adulto mayor es aún mayor especialmente ahora que, por decisión del Gobierno, PAMI dejó de cubrir el 100% de medicamentos a millones de jubilados. 

Ya en marzo, la Defensoría de la Tercera Edad estableció el valor de la canasta básica para jubilados en $685.041 y se calcula que actualmente debe rondar los $900.000.