La historia parece repetirse nuevamente. El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) sabe que está contra las cuerdas si quiere hacerse de dólares frescos porque las condiciones para que Argentina acceda al crédito de los mercados internacionales son más que esquivas.

Es por eso que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis “Toto” Caputo usaron una jugada arriesgada. Ni siquiera con el argumento de la “motosierra” del gasto público parece ser suficiente. “La meta del déficit cero - en términos financieros - implica que la deuda no crece más; si la deuda no crece la relación deuda-producto es no creciente, por lo tanto, el país se convierte en un deudor solvente y, por lo tanto, digno de crédito”, señaló hoy el mandatario durante su discurso ante inversores, desde la Bolsa de Nueva York.

Pero pasan los meses y las inversiones no llegan. Y el Poder Ejecutivo jugó fuerte: mediante el DNU 846/24 flexibiliza las condiciones para renegociar compromisos en moneda extranjera y, además, amplió la capacidad de intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el mercado de bonos.

Esto provocó las críticas desde el kirchnerismo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó un fuerte cruce con Caputo, a quien señaló como “endeudador serial en dólares”, en medio de chicanas y fuertes acusaciones que iban y venían.

Estos cambios que se explicitan en el decreto se dieron a conocer luego de la presentación del Presupuesto 2025. En el proyecto de la normativa que se tratará en el Congreso, el Gobierno solicita autorización para emitir deuda en moneda y bajo ley extranjera por hasta 5.000 millones de dólares.

Cabe señalar que hasta el momento se mantenía vigente un decreto de la administración de Alberto Fernández, mediante el cual los trueques estaban permitidos en moneda local, sorteando a la Ley de Administración Financiera (LAF).

“Eliminan el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (LAF), es decir, aquellos requisitos que implican mejorar monto, tasa o plazo (la interpretación de dicho artículo es la mejora de 2 de 3 condiciones). Ponen como único criterio que al gobierno le tomen a precio de mercado los bonos a canjear, lo cual es muy laxo”, aseguran desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Desde la entidad afirman que con la eliminación del artículo 65 “no queda establecida ninguna pauta para renegociar la deuda”. “Esto implica que, ante una reestructuración, pueda producirse un incremento en el monto adeudado, aun respetando el cupo de deuda autorizado por el Congreso. Ello podría ocurrir estirando plazos, pero ofreciendo mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de esa deuda reestructurada, pudiendo resultar ruinoso para el país en determinadas circunstancias”, apuntaron.

Otra de las críticas que se plantean tiene que ver con las atribuciones del Poder Legislativo sobre estas facultades que ahora se arroga Milei. “Se meten con facultades del Congreso: la renegociación de deuda es materia legislativa. No puede el Poder Ejecutivo auto-habilitarse a ofrecer canjes de deuda y hacerlo sin las pautas que el Congreso debe facultar”, mantuvieron, mientras sostenían que este artilugio “difícilmente” sea aprobado en el Parlamento como parte del Presupuesto 2025.

Cristina, en el intercambio con Caputo, se preguntó por qué el Gobierno tenía esta prisa. "Esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de Ley de Bases y lo señalamos en nuestro documento “Argentina en su tercera crisis de deuda -cuadro de situación-” publicado en febrero de este año. Finalmente la Ley de Bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de Ley de Presupuesto", sostuvo en su red social X exTwitter.

De esta forma, Caputo se empodera para regresar al endeudamiento en dólares, como ya había hecho durante el gobierno de Mauricio Macri. Y ahora, con la llave que usó su “archienemigo” en el equipo económico “libertario”, el actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante la administración fallida de Fernando de La Rúa.

En el gobierno de la Alianza, el economista platense pudo sortear todo tipo de exigencias con el Megacanje del 2001, pero eso empeoró las condiciones de endeudamiento de Argentina. Sturzenegger terminó procesado.

Pero, por las vueltas de la política nacional, todo parece volver.