Piden intervenir la justicia de Jujuy y evitar la re-reelección de Morales

Un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos vinculados a los movimientos sociales presentarán un proyecto de ley que promueve la “intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy”, con el objetivo, dijeron, de “hacer frente a las prácticas autoritarias en la provincia gobernada por Gerardo Morales”, entre ellas la prisión (domiciliaria) que todavía pesa sobre la dirigenta de la Tupac Amaru Milagro Sala. 

“El objetivo de la iniciativa es garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático”, dijeron en la previa de la presentación del proyecto, que lleva las firmas de Federico Fagioli, Itai Hagman y Natalia Zaracho, referenciados con el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois; de Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, y de Eduardo Toniolli, quien también es secretario general del PJ de Santa Fe. 

Los Movimientos Sociales ya habían tenido un cruce con Morales durante el acto por el primero de mayo. Desde el Obelisco y frente a 200 mil personas, se dijo en el escenario que al gobernador “ya le va a llegar la hora”, advertencia que no sólo tuvo que ver con la situación judicial de Milagro Sala sino con la de varios dirigentes que habían sido detenidos durante una protesta en marzo de este año en esa provincia, entre ellos Sebastián Copello, del Polo Obrero y Juan Chorolque, del MTR.

“Las amenazas no son el camino. Es necesario que las organizaciones sociales analicen en qué se han convertido y cuál es su verdadero rol. Tienen que dejar de cortar rutas y calles, dejar de usar a la gente y dedicarse a construir ciudadanía y convertir los planes en empleo digno”, había contestado entonces Morales a través de sus redes sociales. 

El gobernador jujeño, que ya había ampliado el Tribunal Superior local apenas asumió en 2015 su primer mandato, busca ahora remover a tres de los nueve jueces que lo conforman y que no le responden políticamente. “Morales continúa profundizando este plan premeditado de cooptación y avasallamiento sobre dicho poder del Estado provincial, configurando una situación de gravedad institucional intolerable”, dijeron los autores del proyecto, y agregaron que “Jujuy vive un escándalo jurídico”.

Morales viene también de enfrentar en las últimas semanas una arremetida de un sector de Juntos por el Cambio, encabezado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que lo quieren lo más lejos posible del armado opositor luego de haberle votado al Gobierno algunas leyes como la legalización de las plantaciones de cannabis productivo. 

Ese acompañamiento del gobernador al oficialismo preocupa al “ala dura” de JxC, que empuja para lograr una diferenciación mucho más profunda de la oposición frente al Gobierno y teme que ese tipo de acercamientos con la agenda del Gobierno termine por desperfilar la oferta electoral opositora. 

Las relaciones del gobernador con el partido de gobierno exceden el plano nacional y también tienen asidero en su propia provincia, donde tiene un acuerdo con el presidente del PJ jujeño, Rubén Rivarola, quien suena como su posible sucesor en caso que a Morales se le cumpla el sueño de la candidatura presidencial por la UCR, resistida no sólo por el amplio abanico de dirigentes de JxC sino por un sector de su propio partido. 

Fuentes provinciales aseguran que, llegado el caso, el plan B del gobernador sería asegurarse los números para una reforma constitucional que le habilite la re-reelección como gobernador.

Morales, sin embargo, sigue formando parte de la mesa de Juntos. De hecho, fue incluído como parte del encuentro del viernes pasado en que se discutió, precisamente, la política social del espacio. 

“Desde que asumió, Morales hizo modificaciones en el Poder Judicial provincial, donde el poder político tiene un alto grado de injerencia y no está garantizada la independencia”, dice en sus argumentos el proyecto que se presentará este lunes para intervenir el Poder Judicial de esa provincia y evitar los manejos espurios del radical.