El diputado nacional del Frente de Todos por Tucumán, Carlos Cisneros, presentó un proyecto de resolución para remover a María Eugenia Vidal de la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral” por su presunta vinculación a la llamada "gestapo antisindical".

El legislador y dirigente gremial de La Bancaria aseguró que "Vidal promovió, durante su gestión en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una persecución política y judicial contra dirigentes sindicales".

Entre los argumentos para pedir la remoción de la ex gobernadora, Cisneros sostuvo que “es incompatible que una representante del pueblo de la Nación haya perseguido a las organizaciones gremiales".

"Ni Vidal ni sus ministros dieron las explicaciones pertinentes, incluso dicen desconocer la situación", indicó. Sin embargo, hasta el momento la ex gobernadora no está imputada en la causa que investiga el posible funcionamiento de una mesa judicial bonaerense integrada por funcionarios provinciales y municipales de la gestión de Cambiemos, legisladores bonaerenses, y ex agentes de la AFI. 

El sindicalista Juan Pablo Medina fue uno de las particulares damnificados en la causa que pidió la imputación de Vidal, a quien señala como una de las máximas responsables de la "gestapo antisindical" que perseguía judicialmente a dirigentes gremiales opositores, pero, al menos hasta ahora, la Justicia Federal no ha imputado a la actual legisladora.

De todas maneras, si el proyecto presentado por Cisneros llegara a tratarse en la Cámara Baja,  serían necesarios dos tercios de los votos para remover de su banca a Vidal.

"En los videos está claro cuando el ministro Villegas dice que la decisión era nacional, municipal y provincial sin que ninguno de los presentes planteen objeción alguna. Y los mails y testimonios de quienes organizaron la reunión son muy contundentes al señalar que el pedido de la sala venía de la gobernación de Vidal. No podemos hacernos los distraídos, la Cámara de Diputados debe dar respuestas a esta situación”, pidió el diputado tucumano.

"La conducta a la que nos referimos es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos y constituye hechos de inédita gravedad institucional. Se trata de hechos susceptibles de ser tipificados como causales de 'inhabilidad moral' e 'indignidad'", concluyó en el documento presentando ante el Congreso.