Desde el inicio de su gestión, Alberto Fernández mostró interés por reformar la justicia. Nadie puede negar que existen fallas en el funcionamiento del Poder Judicial. La justicia es tal cuando llega a su debido tiempo. Cuando llega tarde, deja de ser justicia.

En este sentido, creemos necesario cambiar la justicia para que los conflictos no se extiendan durante años. La justicia debe ser oportuna para ser efectiva. Existe una gran burocratización del sistema judicial, los plazos en general se dilatan y las contiendas judiciales o los reclamos de los ciudadanos tardan años en resolverse. Debemos ajustar esta realidad, para que los derechos que el ser humano supo conquistar sean efectivamente operativos, y no una declaración inerte.

Fuera de las falencias que podemos encontrar en el Poder Judicial como garante de la impartición de justicia, no debemos olvidar su rol como poder estatal.

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, y su función principal es velar por el cumplimiento de la Ley, proteger los derechos de los ciudadanos conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y el resto de las leyes. Pero también debería funcionar como peso y contrapeso de los otros poderes estatales.

Sin embargo, vivimos en una realidad en la que el Poder Judicial se encuentra viciado, y deja de cumplir la función que naturalmente le corresponde, para tomar un rol central en el juego del poder.

La situación que actualmente se vive en nuestro país me recuerda a un artículo que leímos aquellos estudiantes en los primeros años de abogacía, y hace eco en mi memoria el término de Accountability horizontal acuñado por Guillermo O’Donnell.

O’Donnell habla de la peligrosidad de dotar a los individuos de demasiado poder, sobre todo cuando esos individuos tienen la autoridad para tomar decisiones que atañen a la sociedad toda, y cuentan con el respaldo de los medios de coerción. Para evitar un eventual abuso del poder, debemos establecer un sistema eficaz de control. Sin embargo, en palabras de O’Donnell, las motivaciones de aquellos que controlan a los poderosos y los poderes que deben asignárseles para que puedan efectivamente ejercer esos controles, son también sospechosas.

¿Cómo podemos establecer controles efectivos? ¿Quién vigila a quienes vigilan el poder?

El Poder Judicial debe vigilar las transgresiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero las facultades de control entre los distintos poderes del Estado son mutuas. Cada uno de ellos tiene injerencias sobre atribuciones de los otros. Sin embargo, los controles institucionales dejan de surtir efecto ante la connivencia entre los poderes relevantes.

Según O’Donnell, la Accountability Horizontal es una interacción legalmente fundada y activada entre agencias estatales en vista de acciones u omisiones presumiblemente ilegales (transgresión o corrupción). La interpenetración de los tres poderes estatales es en definitiva lo que admite la Accountability Horizontal, pero esta injerencia de un poder en funciones del otro debe estar legalmente delimitada, para evitar la perpetuación del abuso del poder.

Para intentar erradicar estos abusos de poder que se repiten constantemente en nuestro país, debemos dejar de judicializar la política y de politizar la justicia. En eso coincidimos con el Presidente. No obstante, somos conscientes de que política y justicia van de la mano, por eso partimos desde la idea que la justicia debe dejar de responder a la política partidaria, de depender de los vaivenes electorales y de trabajar en función de intereses económicos.

La justicia no puede funcionar como una cadena de favores, no debe responder a intereses partidarios o económicos, sino que debe garantizar el respeto por los derechos y dar respuesta ante su vulneración.

Uno de los principales problemas del Poder Judicial es que se controla a sí mismo, y cuando no existe un control externo eficaz, el poder se torna absoluto.

No rechazamos de plano la idea de crear una Comisión Bicameral para investigar e interrogar la inconducta judicial, de hecho, creemos que se condice con la idea de pesos y contrapesos y Accountability horizontral, pero las funciones y prerrogativas de dicha comisión deben estar minuciosamente detalladas, para evitar que el sistema de control se envicie desde su inicio.

¿Es políticamente el momento adecuado para plantear estos cambios? 

Probablemente no lo sea. Sin embargo, no existen argumentos sólidos para posponer el debate y lograr transformar la justicia en un sistema más justo.

*Abogado Laboralista. Magister en Políticas públicas y presidente de Aptitud Renovadora. Twitter: @chiesa_juan