Radicales “halcones” presionan para que el DNU de Milei quede vigente y cuestionan a la cúpula del partido
Las nuevas autoridades nacionales del partido que encabeza Martín Lousteau rechazan el megaDNU que anunció Javier Milei y ponen en debate varios temas centrales de las leyes y decretos que el Ejecutivo quiere derogar y modificar. Las diferencias con el sector más duro y el silencio sobre la contraposición a la interna avizoran un abismo insalvable entre las facciones de la UCR.
Pasan los días desde que el presidente Javier Milei lanzó un megadecreto de 366 artículos de Necesidad y Urgencia con los que busca modificar normativas nodales para el funcionamiento de la sociedad, y la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) sigue sangrando por la fractura expuesta de su espacio.
Tanto en el PRO, como en la UCR, el diagnóstico es el mismo: coincidencia en las formas, silencio sobre las diferencias de fondo. Así se resumen las visiones que hoy entran en tensión de cara al trabajo legislativo, que por estas horas comienzan a plasmarse en el Congreso, a pesar de que el DNU no está en el itinerario de la comisión Bicameral ni está incluido en el temario de las sesiones extraordinarias.
En el elenco “boinablanca” parecía que reinaba cierta unanimidad cuando se conoció que el Poder Ejecutivo emitiría el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, advertían desde la Mesa Nacional radical, que lidera el senador nacional Martín Lousteau, quien reemplazó a Gerardo Morales como presidente del Comité.
Este sector, que junto al de Horacio Rodríguez Larreta y los exsocios cambiemistas de la Coalición Cívica, parecían marcarle la cancha al oficialismo y se preveía que podían hegemonizar la posición que adoptaría JxC, tercero en las últimas elecciones presidenciales.
Pero la información que puede recolectar Diagonales es que, a pesar del rechazo de la cúpula radical sobre el mega decreto presidencial, hay sectores dentro de la UCR que impulsan una aprobación “parcial”, algo que hoy no se puede hacer.
Como otra vía de escape, hablan de un envío “segmentado” del dictamen del oficialismo. Esta es la posición que impulsan otros referentes “halcones” del radicalismo como los gobernadores de Mendoza Alfredo Cornejo y el de Corrientes Gustavo Valdés.
Su premisa es clara: buscarán que el decreto se mantenga vigente pero al mismo tiempo quieren evitar comprometer al partido con su prédica histórica en defensa de las instituciones. En esa línea, buscan agotar todas las opciones dentro del marco de maniobra porque existe coincidencia en gran parte de los planteos del Gobierno.
Del lado del tándem Lousteau- Morales la crítica no es solo por la forma en que Milei decidió lanzar el DNU. Tampoco comparten una buena parte de las medidas que se anuncian con las modificaciones legislativas que se pronuncian. “En el contenido hay cuestiones positivas, pero también otras muy preocupantes”, resaltaban en el comunicado oficial.
El presidente del bloque de la UCR en Diputados Rodrigo De Loredo resumía así las opciones que ven viables: “Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.
En esta misma sintonía se pronuncia el senador nacional por Chaco Víctor Zimmermann, que probablemente sea integrante de la Comisión Bicameral que tratará el DNU. Le planteó a Diagonales que “aprobaciones parciales, como está la norma, no podemos hacer”. El legislador ve que hay lugar para “establecer otras posibilidades” para que el megadecreto puede contener aportes de la Cámara alta y de la baja.
Mientras tanto, el oficialismo estira los tiempos. Se espera que la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel conforme la comisión bicameral, pero desde Casa Rosada llevarán al límite las fechas.
Milei prevé que el viernes 29 estará vigente el megaDNU, y recién allí el Gobierno tiene otros diez días más para remitirlo al Congreso. Si el tratamiento no llega antes del 31 de enero en las sesiones extraordinarias, todo quedará para marzo.