En medio del conflicto por el desfinanciamiento a las Universidades públicas, el Gobierno comenzó a difundir una serie de datos falsos sobre el funcionamiento de las instituciones académicas y el reclamo salarial como parte de una campaña de despretigio. Tras la marcha federal y el veto presidencial a la Ley de Presupuesto Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicó un comunicado en el que desmiente uno por uno los relatos del presidente Javier Milei y sus funcionarios. 

A la espera de que el veto sea tratado por el Congreso, los rectores de todo el país se pronunciaron “ante la difusión de una serie de mentiras” que involucran a todas las universidades públicas. 

“Es falso que las universidades inventen estudiantes para cobrar más fondos”, comienza el texto. Las autoridades explicaron que el presupuesto universitario no se asigna a las casas de estudio según la cantidad de estudiantes que tenga, sino que se “actualiza según el último presupuesto consolidado y tiene en cuenta varios componentes como salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología”. 

También desmintieron que “los pobres no estén en la universidad”, dado que el 48,5% de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza. Además, señalaron que, dentro del universo de 2 millones de estudiantes que componen el sistema universitario público argentino, casi 7 de 10 alumnos “tienen padres y madres que no fueron a la universidad” y “son la primera generación de su familia en acceder a educación superior”. 

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X de CIN

Por otro lado, señalaron que no es cierto que no se auditen lo que gastan las universidades públicas. En cambio, la realidad es que estas instituciones académicas "son las entidades del sector público más controladas y auditadas". 

Las universidades incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación, es decir el propio Gobierno. El CIN explicó que, además de las auditorías propias y externas del Congreso de la Nación, tienen evaluaciones de gestión de la CONEAU y que todos los meses entregan información de personal y presupuesto al Ministerio de Capital Humano. 

A continuación, salieron al cruce del ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había asegurado que "el aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2 porciento" mientras que "el de los docentes universitarios fue de 81,4 por ciento".

“Es falso”, exclamaron los decanos. “Los salarios de más del 85 por ciento de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza", describieron y señalaron que "la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios fue de más del 30 por ciento".

Asimismo desmintieron que la ley de financiamiento universitario atente contra “el equilibrio fiscal” dado que el aumento de fondos que establece la norma aprobada por el Congreso “representa apenas el 0,14 por ciento del PBI”. 

"Se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado", sentenciaron.