Trabajadores desamparados en el país de la libertad

El Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei viene avanzando a fondo y sin pausa hacia un país con trabajadores cada vez más empobrecidos. La disparada inflacionaria que motivó la devaluación del 118% del ministro Caputo, que en dos meses acumula un 50%, contrasta con unos salarios pisados por la bota del Estado en beneficio de sectores empresarios. La semana que termina dejó nuevas y preocupantes decisiones del Ejecutivo en esa línea, que sólo augura una mayor conflictividad social política frente al ataque que las sufren las mayorías.

Quizás una de las más contundentes haya sido el anuncio de que no habrá aumento alguno en el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este jueves se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil del gobierno de La Libertad Avanza, en la cual el Ejecutivo se mostró como un apéndice del sector empresario, desconociendo y ninguneando la necesidad de los trabajadores por recomponer sus ingresos en medio de la disparada inflacionaria.

Desde la pandemia, las reuniones del Consejo se virtualizaron y no volvieron a darse presencialmente. En la de este jueves, sin embargo, hubo una novedad. El Gobierno, parte mediadora entre los representantes empresarios y los sindicalistas, abrió dos salas de zoom para atender por separado a ambos sectores. Es decir, el Estado hizo de lleva y trae entre ambas partes en lugar de propiciar un diálogo que pudiera tender a un mínimo entendimiento que, igualmente, parecía condenado de antemano.

La CGT fue a la reunión con una propuesta de aumento del 85%, para llevar los míseros $156.000 que hacen de piso hoy en día hasta los $288.600. Sin embargo, la respuesta por parte del empresariado fue plantear que el SMVM no tuviera aumento alguno. Cero pesos de incremento frente al 50% de inflación desde la última actualización de diciembre pasado. El Gobierno eligió no interceder y la reunión terminó sin otro resultado más que un mayor ajuste por delante para los salarios y las asignaciones atadas al SMVM, que seguirán perdiendo ante la inflación de los próximos meses.

Esto marca un antecedente muy preocupante hacia adelante. Desde su creación en 2004, cada instancia de negociación del Consejo concluyó con al menos unos puntos de suba del mínimo, con un piso del 2% en diciembre del 2007 y techos por encima del 20%, como en septiembre del 2004 cuando subió 29%, o el mismo mes del 2011 cuando se incrementó un 25%. Esta será la primera vez en dos décadas en que el aumento sea cero y, peor aún, avalado por el Gobierno.

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un precio a mano” fue el posicionamiento del Presidente este viernes al ser consultado sobre el tema, dejando en claro que el Gobierno no aumentará el mínimo. Por su parte, la CGT fue lapidaria contra el Ejecutivo en un comunicado en el que lo responsabilizó directamente por hacer caer la reunión.

“Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el Gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo” expresaron desde la central. “La irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos” concluye el comunicado de la CGT. Por su parte, Héctor Dáer, miembro del triunvirato de la central, afirmó que “para el gobierno, la solución pasa por un empobrecimiento colectivo, que todos trabajemos por un plato de arroz. Y que la transferencia sea de los que menos tienen a los que más tienen”.

La gravedad de pisar el salario mínimo es muy alta. De su valor dependen distintas asignaciones que también quedarán congeladas, así como también se convalida de esta manera que un empleador pueda ofrecer la suma que hoy representa un tercio de la canasta básica a sus trabajadores sin incurrir en la ilegalidad. Pero este no fue el único anuncio de carácter histórico por parte del Gobierno Nacional en estos días.

Tras anuncios cruzados, lo que el jueves parecía una convocatoria a la paritaria nacional docente terminó por confirmarse como un nuevo cachetazo del Presidente a los trabajadores de la educación este viernes. “No voy a convocar a la paritaria docente nacional. La educación y la salud son responsabilidad de las provincias” lanzó Milei en una entrevista radial, sentenciando las posibilidades de que el ciclo lectivo inicie en tiempo y forma en el país.

La paritaria nacional fue establecida en el artículo 10 de la Ley Nº 26075 de Financiamiento Educativo, sancionada bajo el gobierno de Néstor Kirchner en el 2006. Un Decreto de Macri de 2018 modificó lo establecido por la Ley y, si bien no eliminó la paritaria nacional, quitó la discusión salarial de su contenido, fijando un 20% de aumento por sobre el Salario Mínimo como piso establecido automáticamente. En enero del 2020, la gestión del Frente de Todos reestableció la paritaria en su espíritu original y la sostuvo durante sus cuatro años de gobierno.

La no convocatoria por parte del Gobierno Nacional en este 2024 es uno más de los movimientos con los que el Presidente pretende llenar de conflictos a los gobernadores en sus territorios. Se suma a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, un derecho conquistado en 1999 por la histórica lucha docente de la carpa blanca, y que consistía en recursos girados por Nación a las provincias que en muchos casos representaban hasta el 10% del salario docente. También el Gobierno suspendió el Fondo Compensador, con el que la Nación asistía a las provincias de salarios docentes más bajos para equiparar los valores con el mínimo nacional. Toda esa tradición que, con idas y vueltas, tuvo al Gobierno Nacional apoyando la educación en todo el territorio durante las últimas décadas, quedó desterrada por decisión de Milei y abre la incógnita sobre cómo podrá destrabarse el inevitable conflicto que genera.

Junto a los de la educación, también los trabajadores de la ciencia sufrieron los recortes de la motosierra de Milei. Entre los 28 fondos fiduciarios que el anunció este viernes que eliminará, dos de ellos atañen directamente a las áreas de ciencia y tecnología. El primero es el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Foncyt), creado en 1990 como un instrumento para fomentar el sector. El otro es el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento, creado en 2021 y con cuyo impulso la EC llegó a ser el tercer sector exportador de la economía argentina el año pasado.

En paralelo a esto, la administración nacional también anunció el recorte a más de la mitad de las becas que se habían estipulado para el CONICET este año. De las 1300 becas de doctorado que debían otorgarse en abril, el titular del CONICET, Daniel Salamone, ya informó al Directorio del organismo que sólo se otorgarán 600 y recién a partir de agosto. Este desfinanciamiento a la ciencia, la tecnología y la educación en el país se suma al brutal recorte que sufren las universidades públicas, que tras la prórroga del Presupuesto 2023 están hoy por hoy enfrentadas a funcionar con los mismo recursos que el año pasado, frente al 211% de inflación acumulada en el 2023 y el 20,6% que se sumó en enero.

A su vez, los trabajadores del sector público también vienen sufriendo la licuadora del Presidente en sus ingresos. Con la Decisión Administrativa 28/2024, el Gobierno Nacional definió pisar el aumento de los sueldos de estatales, planteando que las negociaciones deben ir en línea con el presupuesto de cada área en particular. Al ser el presupuesto el mismo que el año pasado, en concreto la decisión implica un congelamiento y la suspensión de las paritarias libres. Esto afecta a los trabajadores de Ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones, junto a la administración pública descentralizada, a las empresas del Estado y las privadas con participación mayoritaria estatal. En la extensa lista aparecen, por ejemplo, la ANSES, el Pami, la AFIP, Enacom, Aerolíneas Argentinas o YPF.

Todos los trabajadores asalariados de la Argentina se ven perjudicados por las decisiones del Gobierno Nacional. A los casos de los privados registrados y estatales ya expuestos se suma también el de los informales, mayormente nucleados en el Programa Potenciar Trabajo. El mismo se encuentra congelado desde diciembre, y la expectativa era que un aumento en el Salario Mínimo elevara el monto del plan social que reciben más de un millón de personas.

Si a este panorama se le suma al ajuste sobre los jubilados, que se vieron afectadas por recorte en términos reales del 43,2% interanual para las partidas de jubilaciones, pensiones y erogaciones del PAMI, sumado a la no actualización de la fórmula jubilatoria, lo que se observa es un ataque directo a la totalidad del conjunto de asalariados del país. Privados, públicos, informales y jubilados ven día a día caer sus ingresos frente a la inflación, mientras el Gobierno Nacional hace gala de sus decisiones. “La motosierra y la licuadora no se negocian” se mofó el Presidente Milei en una reciente entrevista. Del otro lado de la pantalla, el pueblo trabajador sigue sufriendo la insensibilidad de un Gobierno que parece decidido a hundirlo a los peores momentos de su historia. Y cada vez está más cerca de ello.