Cuando, de una forma u otra, concluya la rebeldía crónica del fiscal Carlos Stornelli en la escandalosa causa por la red de espionaje y extorsión, habrá una bisagra en la historia de los fueros en la Argentina. Tal vez, esa sobreexposición, ese ejercicio crudo del privilegio de la inmunidad, sea una de las razones por las cuales la familia judicial, tan tradicional como pragmática, haya dejado de esforzarse en la defensa de uno de sus integrantes más destacados.

El requerimiento al Ministerio Público para que avance en la remoción o el desafuero de Stornelli a los efectos de que, de una vez por todas, comparezca, lleva la firma de Alejo Ramos Padilla pero también acumula el respaldo de una cadena de mando judicial que, en varias oportunidades e incluso bajo presión directa de la Casa Rosada y de sectores influyentes de la prensa, ratificó al juez federal de Dolores y al rumbo del expediente.

Cada vez que el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 4 ejecutó una maniobra para desplazar a Ramos Padilla y llevar toda la investigación al mayor confort de los tribunales de Comodoro Py, el resultado le fue decepcionante. De paso, por contraste con el esfuerzo argumentativo con que el juez apuntaló hasta acá cada uno de sus pasos, el rechazo a los pedidos de Stornelli dejó en evidencia la fragilidad de sus planteos, que siempre parecieron descansar en el sistema de relaciones del poder, en sus guiños y afinidades, antes que en el fondo de la cuestión. De hecho, toda la estrategia del fiscal, así como la del abogado trucho Marcelo D'Alessio y la del propio gobierno nacional, no se ocupó de discutir algún punto del trámite procesal en sí, sino que puso el foco en cuestionar la autoridad del juzgado de Dolores, tanto por su competencia territorial como por la idoneidad del magistrado a cargo.

Stornelli nunca terminó de adaptarse a estas reglas de juego –ciertamente, poco comunes en la justicia local–, en un expediente que, por su propio peso político, de inmediato se integró al debate público y se mantuvo por fuera del control del Ejecutivo. La rebeldía reiterada y sin mayores explicaciones es una muestra de ese desconcierto. En cuanto a la progresiva soledad judicial en que se fue quedando, refleja las diferencias crecientes entre sus pares con respecto a la estrategia que escogió y que desde un principio supuso una presión indirecta sobre el resto de los fiscales. Los obligó a tomar posición ante la negativa de ajustarse a derecho, una actitud difícil de justificar en un integrante de la casa.

Tampoco supo Stornelli, al igual que Cambiemos, cómo manejarse con las particularidades del juez, una suerte de outsider en el mapa de relaciones armado por el oficialismo y su equipo de operadores tribunalicios. Por si fuera poco, ante la “desprolijidad” del imputado –muchos en Retiro utilizan esa figura para describirlo en términos profesionales–, el inesperado Ramos Padilla se fue revelando como extremadamente metódico en las formas y paciente en lo estratégico. Eso explica que haya vuelto a convocar al fiscal –es la quinta vez– para que preste declaración indagatoria como acusado de integrar esa asociación ilícita dedicada a la extorsión y al espionaje político que se le atribuye a D'Alessio. La cita está fijada para el 31 de mayo, es decir, una fecha inmediata puesta como salida de emergencia para que Stornelli tenga otra oportunidad de desistir de su actitud, lo que le evitaría el jury, ya que los fueros no le impiden ir a declarar sí así lo quisiera.

Fue la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata la que, luego de ratificar que lo del fiscal era rebeldía hecha y derecha, le exigió al juez que hiciera lo necesario para indagarlo. Eso gatilló la resolución que recibió el procurador General Interino, Eduardo Casal, para que arbitre los medios necesarios para solicitar el desafuero, remoción o juicio político de Stornelli, a los efectos de lograr la comparecencia en este proceso del fiscal contumaz.

El primer reflejo del procurador fue iniciarle un sumario administrativo para establecer su responsabilidad en las ausencias repetidas. Antes incluso de que lo apuraran desde Dolores, a Casal ya lo había convocado a dar explicaciones por este y otros temas la flamante Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que lo citó para el 4 de junio.

Son cuestiones formales que, en lo inmediato, no deciden el tema de fondo y que incluso pueden ayudar a descomprimir y ganar tiempo, pero también son un síntoma. Stornelli está cada vez más aislado en su rebeldía y revertir la tendencia de su situación implicaría un alto costo político para quien quiera afrontar esa inversión.