Una solución a la reincidencia desde la Economía Popular

“Garantizar el derecho al trabajo, a la educación y a la salud de las personas que hubieran estado privadas de la libertad en lugares de detención y de contribuir a la prevención de la reincidencia”, dice el artículo primero del proyecto de ley que los movimientos sociales presentaron este miércoles en el Congreso, con el objetivo de crear un programa de inserción laboral y formación en oficios que ayude a combatir la inseguridad a través de los resortes comunitarios de la Economía Popular.

La idea del programa nació de los y las militantes de los frentes de Liberados del Movimiento Evita y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que desde hace años realizan trabajo comunitario en las principales cárceles de la Provincia de Buenos Aires y del resto del país.

"Este proyecto nace de la organización de muchos compañeros y compañeras que no tuvimos otra alternativa que trabajar por una solución concreta para miles de personas que salimos de la cárcel y queríamos construir otro futuro. Esta es una propuesta concreta para bajar la reincidencia y aumentar la seguridad de nuestro país cambiándole la vida a miles de personas", sostuvo Matías Dimicroff, responsable del Frente de Liberados del Movimiento Evita, durante el acto de presentación de la iniciativa.

Básicamente, el proyecto propone “inclusión mediante el trabajo” de varones, mujeres y diversidades que están privados de su libertad o fueron liberados en las distintas cooperativas y los polos productivos de las organizaciones de la Economía Popular, cuya actividad se buscará además fortalecer. También incluye la premisa de “crear e implementar dispositivos educativos y de formación técnica y profesional”, tanto dentro como fuera de los muros de las cárceles de todo el país.

A través de esos programas, la iniciativa buscará reducir el índice de reincidencia en el delito de las personas que salen de las instituciones de encierro, muchas veces sin trabajo y luego de haber sido vulnerados en varios de sus derechos humanos fundamentales. Las organizaciones la presentaron como un aporte para combatir la inseguridad, asunto al que se refirió la vicepresidenta Cristina Kirchner, en modo autocrítico, durante su última presentación pública en el Estadio Único de La Plata.

“Siete de cada 10 personas tienen posibilidades de volver a la cárcel. Cuando las personas están en una cooperativa trabajando la reincidencia es del cero por ciento", señaló, de forma categórica, la diputada de Patria Grande Natalia Zaracho, una de las autoras del proyecto junto a Eduardo Toniolli, diputado del Evita por la provincia de Santa Fe.

"La inseguridad es un problema que afecta a toda la sociedad. Hay diferentes formas de pensar políticas de seguridad. Nosotros queremos trabajar para reducir la reincidencia, porque es algo que venimos haciendo, que sabemos hacer y que se mostró efectivo”, agregó Zaracho.  

"Esta iniciativa incorpora un componente de inclusión laboral nacido de la creación y el fortalecimiento de Polos Productivos, y un componente educativo que funcionaría por medio de dispositivos de formación técnica y profesional presentes tanto en los lugares de detención cómo en los citados Polos. La propuesta tiene su antecedente en el trabajo que ya realizan centenares de cooperativas de trabajo de liberados en todo el país, y con colaboración estatal podrían cumplir un rol integrador y de reinserción social mucho más masivo y efectivo", dijo por su parte Toniolli.

Estuvieron presentes, además, los diputados y las diputadas Germán Martinez (presidente del bloque del Frente de Todos), Daniel Arroyo, Maria Rosa Martinez, Leo Grosso, Mónica Macha, Federico Fagiolli, Agustina Propatto, Juan Marino y Marcela Passo. Por la oposición, dió el presente Dolores Martinez, de la UCR.

También acompañaron el secretario de justicia de Nación, Juan Martín Mena, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y el titular de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, Carlos Accaputo. Desde las organizaciones sostienen que el proyecto “cuenta con el apoyo de universidades, académicos, jueces, instituciones y organizaciones que trabajan en las temáticas carcelarias y post carcelarias”.

“Yo parí con una cadena en los pies. El incremento encarcelamiento de las mujeres y disidencias es el resultado del aumento de las diferencias sociales y de la feminización de la pobreza”, denunció por su parte Nora Calandra, referente de la rama de liberados del MTE.

“Las cooperativas de trabajo de liberadxs son hoy la única iniciativa de inclusión para las personas que salen de las cárceles y no encuentran ninguna respuesta del Estado. Logran además reducir casi a cero la reincidencia. El proyecto incluye formaciones en género dentro de los talleres incluídos en los programas”, dijeron desde el CELS. “Otra vez es la economía popular la que se organiza para dar respuestas. Con esta ley, el Estado tiene ahora la posibilidad de comprometerse con las tareas de reinserción que le competen”.