Luego de los anuncios oficiales que se dieron a conocer hace casi un mes por parte del vocero presidencial Manuel Adorni, el gobierno de Javier Milei presentó su plan privatizador de 9.145 kilómetros de rutas nacionales, que serán segmentados en 13 tramos.

En un comunicado difundido por Vialidad Nacional, se informó que la nueva Red Federal de Concesiones tendrá dos etapas de licitación. La primera está integrada por el Tramo Oriental, que incluye la ruta nacional Nº12 y la Nº14, y la Conexión Rosario-Victoria. Señalan que la convocatoria se lanzará en diciembre de 2024, con adjudicación prevista para abril de 2025.

La segunda, compuesta por los tramos I al X y algunas de las principales rutas nacionales del país, se licitará en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025. Con este llamado, en la administración nacional planean ahorrar $6.100 millones de dólares para el Estado.

TAN INUSUAL COMO PELIGROSO

En el texto oficial en el que se informa las condiciones “novedosas” de las flamantes adjudicaciones se estipula la posibilidad de “participación de empresas de distintos sectores y la autosustentabilidad de las concesiones, en un área en la que históricamente los procesos de transparencia han brillado por su ausencia, y lo que se multiplicó fue la cartelización de unas pocas firmas. Las licitaciones se realizarán con el sistema de doble sobre, y serán a través de la plataforma CONTRAT.AR

A pesar de los supuestos beneficios del ahorro, el Estado nacional sí pierde plata con uno de los puntos polémicos del nuevo plan. Se establece que la empresa concesionaria del servicio “no deberá abonar ningún canon al Estado Nacional, ni este último aportará ningún concepto como subsidio”. Plantean que esto permitirá que la concesión se solvente exclusivamente con la recaudación por el pago de peaje.

Por otra parte, el Estado nacional podrá elevar los precios de los peajes como medida “estabilizadora” del cuadro tarifario. Podrán hacerlo entre un 150 por ciento y un 200 por ciento, cuando finalicen las obras mínimas de rehabilitación, con cálculos que contemplan ajustes basados en la inflación, precios mayoristas y salarios del sector. Habrá actualizaciones automáticas cada tres meses.

Los precios que rigen desde mediados de octubre para utilizar las rutas nacionales son:

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.200 

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.400

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $3.500 

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $4.700 

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.900

Un tercer factor polémico es el de las concesiones por duración indefinida, sin plazos de finalización por contrato. Se establece que esto se basará en los costos de las empresas oferentes y sus expectativas de ganancia.

La cuarta de las particularidades de este nuevo método de concesiones es el compromiso de las empresas adjudicatarias para realizar el mantenimiento de los tramos de las rutas, pero no hay obligación expresa para trabajos de bacheo y obras de infraestructura y ampliación de las rutas, con nuevos carriles. Solo se estipula un mejor puntaje a la hora de la asignación, lo que supone todo tipo de riesgos para los conductores durante sus recorridos.

Estas medidas son el preludio que tanto temían los trabajadores del sector, en alerta por las privatizaciones de las rutas nacionales. Desde el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que lidera Graciela Aleñá, denuncian el desfinanciamiento de la cartera de Vialidad Nacional, paso previo que históricamente decanta en procesos de privatización.

También remarcaron los atrasos para las compras de materiales de construcción e insumos y que los trabajadores dejaron de percibir viáticos para comida y gastos de alojamiento cuando hay tareas que exigen estar por varios días alejados de sus zonas de residencia.

Su objetivo inmediato es ser recibidos por las autoridades nacionales: se teme por inminentes despidos.