Las noticias que llegan desde El Salvador y la política criminal que está llevando a cabo su presidente Nayib Bukele, han tenido un impacto significativo en Argentina. Los lemas detrás de las decisiones que ha tomado como “la guerra contra las pandillas” y la decisión de instaurar centros carcelarios para acusados de terrorismo (CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo) junto con la divulgación de imágenes de detenciones y procedimientos han tenido gran repercusión. Hasta aquí, todo esto podría ser algo más de la sección internacionales de algún portal de noticias o de un noticiero televisivo vespertino. Sin embargo, según la opinión de algunas personas, hay algo de las decisiones políticas de Bukele que deberían interesarnos en Argentina. Detrás de todo ese despliegue de imágenes que muestran una respuesta a la violencia que sufren nuestros países y más allá de los cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos de muchas de esas prácticas, habría algo virtuoso que deberíamos estar dispuestos a imitar.

Si bien resulta una novedad que las propuestas provengan de un país centroamericano, lo que parece evidente es que no es posible distinguirla nítidamente de las políticas penales que importamos y quisimos importar de los Estados Unidos, Europa y recientemente, Brasil. Todas las políticas que intentan imponer la “mano dura” siempre trajeron las mismas consecuencias que se denuncian en El Salvador: detenciones ilegales, muertes de inocentes, corrupción policial, torturas, etc. Históricamente, nunca estas políticas fueron exitosas. Un recuerdo reciente es el de las leyes que, bajo distinto nombre, se sancionaron por todo el mundo luego del 11/9. Leyes que autorizaron detenciones ilegales, aumentaron penas, criminalizaron una gran cantidad de conductas y que trataban a los sospechosos de ser terroristas como enemigos. De hecho, por eso eran encerrados en la cárcel de Guantánamo, un lugar en donde no está establecido quien, por qué y en qué condiciones está allí detenido. El terrorismo no dejo de existir, pero en cambio aumentaron la discriminación y las detenciones ilegales contra todo aquel que fuera (o pareciera) musulmán.

Sin embargo, pese a estos resultados negativos de este tipo de leyes que no consiguieron lo que se propusieron, sino que lograron efectos adversos en nuestras sociedades, la opción de nuevas leyes de este estilo se vuelve a presentar como una solución. Es probable que, si hubiera que reconocerles algo a estos movimientos punitivistas es su capacidad para reciclarse y aparecer, cada cierto tiempo como algo nuevo. Por supuesto, por definición, nada que provenga de sectores conservadores puede ser algo nuevo. Todo lo contrario, tiene como objetivo retomar prácticas tradicionales que, afortunadamente, queremos dejar atrás.

Lo más preocupante de esta moda Bukele, no es que se pretenda importar una vez más un modelo de mano dura, viejo e ineficiente. El problema es que en este contexto en el que la violencia se encuentra desatada por parte de seguidores del gobierno (y del propio gobierno), que por ejemplo, recientemente, se concretó en la amenaza de muerte en su domicilio a una militante de la agrupación H.I.J.O.S., y que frecuentemente ejercen violencia sobre minorías y grupos vulnerables, entre otras cosas. En este contexto, estas medidas pueden causar aún más daño de lo que han causado recientemente en El Salvador.  

Finalmente, está claro que la respuesta al delito en un contexto de desigualdad acuciante y en aumento (en el continente más desigual del mundo) no viene del derecho penal o del aumento de detenciones y la creación de cárceles de máxima seguridad. La respuesta es intentar acortar la brecha de desigualdad e intentar generar igualdad real de oportunidades para las personas. Está claro que esta estrategia nunca ha sido llevada a cabo por una razón obvia: es muy costosa en términos económicos. Sin embargo, en estos momentos me permito descansar en la esperanza que un gobierno que sólo quiere reducir gastos y acotar el Estado, estará haciendo lo que su doctrina le ordena: la creación de leyes penales y delitos sólo consiste en la impresión de papel; un verdadero ejemplo de austeridad en la política criminal. Por esto, la actualidad argentina me da razones para esperar con una expectativa moderada de que el derecho penal de Bukele no debería ser adaptado a una versión argentina.