En Argentina sólo un 16% de los y las estudiantes concluye su escolaridad obligatoria en tiempo y en forma, es decir con conocimientos suficientes o avanzados (Observatorio Argentinos por la Educación, 2022). Este porcentaje esconde enormes disparidades por nivel socioeconómico de la población y entre las distintas jurisdicciones de nuestro país. El 84% de estudiantes restante, aquellos que egresan del nivel secundario sin adquirir los aprendizajes mínimos, quienes repiten reiteradamente o incluso quienes llegan a abandonar su escolaridad, viéndose limitadas sus oportunidades de futuro; denuncia múltiples fracasos y falencias no sólo de nuestro sistema educativo, sino también de nuestra clase dirigente y de nuestra sociedad, en la que la educación secundaria se encuentra en crisis hace décadas.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos educativos que en nuestro país vienen discutiendo e implementando, con mayor o menor grado de éxito, reformas en este nivel, los desafíos persisten: las trayectorias no mejoran –se estima que sólo un 50% de los estudiantes que ingresan al sistema llegan al último año de la escuela secundaria en edad teórica, es decir 12 años después -,  y los niveles de aprendizaje que alcanzan aquellos que llegan al último año, son pobres: 71% de estudiantes de 5to año no alcanza niveles satisfactorios en el área de Matemática y 38% en el área de Lengua (Aprender 2019). Estos últimos datos disponibles corresponden al periodo pre-pandemia, fenómeno que profundizó los desafíos preexistentes en nuestro sistema educativo.

A pesar que la educación suele ser mencionada como un tema de preocupación en los discursos de políticos y tomadores de decisión, esta preocupación no se ve reflejada en la agenda gobernante de las últimas décadas. Uno de los mecanismos para dar cuenta de las prioridades de los distintos gobiernos es el análisis de la asignación presupuestaria. A más de 10 años de la Ley de Financiamiento Educativo, que fijó la obligatoriedad de alcanzar el 6% del PBI en gasto educativo, entre los años 2006 y 2020 solo en tres oportunidades se cumplió con el objetivo, y la deuda acumulada a lo largo de estos años equivale a un 5% del PBI de 2020, es decir, aproximadamente la inversión educativa en un año (Observatorio Argentinos por la Educación, 2023).

Una posible explicación a la baja visibilidad de la educación en la agenda pública y en las prioridades de gobierno es la dificultad que tenemos como sociedad de problematizar y articular una demanda social en torno a la mejora de la calidad educativa. A pesar que los diagnósticos fatalistas abundan hace tiempo en el campo educativo, la sociedad parece no tomar conciencia de la gravedad del asunto. La gran mayoría de las familias argentinas se encuentran satisfechas con la calidad educativa que reciben sus hijos e hijas en la escuela (84% conforme o muy conforme según la Global Parent´s Survey 2018 de la Fundación Varkey), mientras que las estadísticas más arriba mencionadas contradicen estas sensaciones.

En una sociedad donde dos de cada tres niños, niñas y adolescentes están atravesados por privaciones monetarias o de derechos básicos  (UNICEF, 2023) urge poner a la educación en el centro de la agenda, no sólo para garantizar los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes que hoy no se cumplen, sino para generar condiciones para el crecimiento y desarrollo sostenible en nuestro país.