El derecho a la seguridad es una demanda que se presenta en Argentina, pero también en la mayoría de los lugares de Latinoamérica. Existe una idea, probablemente inexacta, de que el Estado puede brindar a los ciudadanos una protección total que impida que sufran algún tipo de delito. Bajo esta idea, los políticos en sus campañas utilizan como un argumento central ideas relacionadas con el cumplimiento de este derecho. De este modo, ideas relacionadas con la instalación de cámaras de vigilancia, la limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad, la limitación del uso del espacio público, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad nacional como la gendarmería custodie ciertos lugares, son algunas de las medidas que se han propuesto en los últimos años.

Por supuesto, la seguridad se ha impuesto como parte de la agenda política de gobiernos de izquierda y de derecha. La presión social en este aspecto ha sido muy fuerte y ha permeado en todos los espacios políticos pese a que existen ciertas explicaciones plausibles que pudieran dar cuenta del problema desde un punto de vista diferente. Resulta difícil en muchos casos pensar soluciones diferentes a las que se ofrecen en las distintas campañas políticas. Si bien, es importante reconocer que algunas de las propuestas que surgen desde el gobierno argentino se ubican en el extremo más radicalizado de la región. Este extremismo se contrapone a la negación de gobiernos anteriores a pensar el tema y descartarlo bajo la idea de que era una “sensación”.

Si nos dedicamos a analizar algunas de las medidas de seguridad que se han propuesto, probablemente, encontremos que existen pocas razones para afirmar que son medidas que podrían mitigar la inseguridad de las personas. Por ejemplo, la pérdida de la posibilidad de salir anticipadamente a una persona privada de la libertad, utilizar teléfonos celulares para estar comunicados con sus familiares, el interés de que trabajen o produzcan bienes para el resto de la sociedad, no necesariamente garantizaría mayor seguridad. Para poder afirmar que la mayoría de los delitos surgen como consecuencia de esos derechos habría que tener datos, información fiable que permitiera llegar a esa conclusión. Por supuesto, estas decisiones se toman sin producir previamente datos que permitan llegar a esta conclusión. Está demás decir que viola derechos establecidos en la Constitución Nacional. Por otra parte, la posibilidad de que gendarmería custodie lugares específicos implica que estamos formando personal para defender los límites del país para utilizarlos luego como agentes de seguridad interna. Nuevamente, necesitaríamos tener información para poder saber si en la formación profesional de esas personas, es posible considerar que están en condiciones de llevar a cabo tareas vinculadas exclusivamente relacionadas con “la seguridad”.

Sin embargo, todas estas medidas son populistas. Esto quiere decir que pretenden dar una señal rápida e inequívoca de que “se está haciendo algo” para luchar contra la inseguridad. Es obvio y se ha repetido muchas veces que las soluciones fáciles no traen resultados concretos. No voy a desarrollar el argumento que han presentado personas con mayores credenciales para hacerlo que yo, pero la desigualdad en Argentina y en toda la región es la principal causa de ciertos tipos de delitos.  Ahora bien, si dejamos ese argumento de lado, tal vez podamos pensar alguna alternativa. Pienso que el Estado no puede presentar a la seguridad como lo hace actualmente. Los Estados no pueden prometerles a los ciudadanos que nunca van a ser víctimas de un delito. No es posible y tampoco sería deseable. Imaginemos que para lograr eso debiéramos vivir custodiados por un miembro de una fuerza de seguridad. Sería intolerable e impracticable en tiempos de recortes del gasto público. Pero ¿qué es lo que puede ofrecer el Estado? El Estado puede ofrecer que los delitos que las personas sufran y denuncien van a ser investigados y sus perpetradores castigados. Esta formulación sencilla y evidente se presenta como algo que sucede en la actualidad. Sin embargo, necesitamos un escrutinio más estricto sobre ciertas cuestiones. Esto, debería llevarnos a reflexionar sobre el rol que cumple no sólo la policía sino también el Poder Judicial. Habría que tener información acerca de la cantidad de perpetradores de delitos que descubrió y encarceló la policía, y la cantidad de delitos que, efectivamente, fueron condenados por el Poder Judicial y más importante aún, los que no condenó. Tener información sobre estos actores principales en el problema de la “seguridad” nos permitiría repensar el rol de la policía y el del Poder Judicial. Eventualmente, también nos permitiría redistribuir recursos para políticas públicas orientadas a mitigar la desigualdad. Por el momento, debemos intentar confrontar algunas de estas falsas ideas sobre la seguridad y tratar de mostrar alternativas, más complejas y largas, pero, ojalá, más efectivas.