La adolescencia suele tener poca presencia en la agenda de las políticas sociales aun cuando se trata del grupo poblacional más afectado respecto a la pobreza y la desigualdad en nuestro país. A este panorama, en el Conurbano se adicionan las problemáticas vinculadas a la (in)seguridad urbana y una sobre-representación de los adolescentes de sectores populares vinculados a violencias y delitos en los medios de comunicación. A 15 años de una nueva normativa (nacional y provincial) en materia de derechos de las niñeces y adolescencias, resultan significativos algunos avances (obligatoriedad del secundario, algunas adecuaciones de programas y servicios de salud, expansión de becas escolares y de una oferta socioeducativa variada -aunque a veces acotada y discontinua), a la vez que resaltan también algunos desafíos y asignaturas pendientes (como la reforma de la escuela secundaria y el desgranamiento que afecta principalmente a adolescentes de las familias de menores ingresos).

El enfoque de derechos desplazó al modelo tutelar, permitió repensar conceptualmente a la niñez y adolescencia y promovió políticas integrales como parte de un sistema amplio de promoción y protección de derechos donde debían interactuar las áreas sectoriales (educación, salud, desarrollo social) y sus distintos niveles de gobierno, otorgando un importante papel a los gobiernos locales. Sin embargo, como resultado de la falta de una agenda precisa y de un proceso de descentralización de funciones y competencias que no fue acompañado con los recursos necesarios, en la provincia de Buenos Aires se conformó un mapa heterogéneo en cuanto a la agenda de políticas para adolescentes. En esta heterogeneidad, las agendas locales suelen centrarse principalmente en la protección de la niñez a partir de la atención de situaciones urgentes quedando relegadas a un segundo plano las acciones que apuntan a la promoción y el acceso a derechos de la adolescencia.

Aun así, hay dos políticas que destacan. En el ámbito bonaerense, el Programa Envión -que lleva más de 12 años- destinado a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años de edad en situación de vulnerabilidad; desarrolla acciones para promover su inserción laboral, educativa, sanitaria y sociocultural en convenio con municipios y organizaciones sociales que asumen la responsabilidad de la gestión en sus territorios. En el Conurbano alcanza a casi 23.000 adolescentes que perciben una beca de entre $5000 y $8000. Este se ensambla con diversas iniciativas municipales que complementan el monto de las asignaciones monetarias y amplían la cobertura y el alcance territorial. Por su parte, a nivel nacional, el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) creado en el año 2014. Originalmente enfocado en jóvenes vulnerables de entre 18 y 24 años, amplió en 2021 su cobertura para incluir a adolescentes de 16 y 17 años en vistas a reducir el desgranamiento escolar en la escuela secundaria y favorecer la finalización de la educación obligatoria. En la provincia de Buenos Aires alcanza a 116.137 adolescentes de 16 y 17 años que perciben una beca mensual de $7.400 financiada con fondos del aporte solidario a las grandes fortunas. Este significativo alcance (la incorporación de esta franja significó un incremento de más del 30% para el Progresar) puso en evidencia la existencia de una vacancia que anteriormente no estaba cubierta. También implica una política activa por parte del Estado para acompañar a las/os adolescentes que tienen más dificultades para concluir los estudios obligatorios.

Algunas cifras ilustran esta problemática. En el caso de la educación secundaria obligatoria, si bien se constata una cobertura tendiente a la universalidad en la provincia (92,6% tasa bruta de escolarización para 2019), en el Conurbano esta se mantiene relativamente estable desde 2001 (90,06% y 90,68 en 2001 y 2010 respectivamente). A la vez, los principales indicadores como la repitencia y el abandono expresan un descenso importante a nivel provincial, aunque existen diferencias relevantes entre los ciclos que componen el nivel. Mientras los mayores porcentajes de repitencia se dan en el ciclo básico (9,96% frente a 8,11 en superior en 2019), el porcentaje de abandono más alto se encuentra en el ciclo superior (4,91% frente a un 1,04 en el básico). Esta situación ha tenido también impacto en el acceso a otras protecciones sociales. En 2019, por ejemplo, por cada 10 NNyA que recibían la AUH, solo 2 tenían entre 13 y 17 años. Entre las razones de pérdida del beneficio se encuentra la discontinuidad de la escolaridad y/o la falta de controles médicos.

En síntesis, si bien pueden resaltarse distintos avances en materia de políticas públicas para adolescentes, se requieren pensar e implementar más acciones que reduzcan las profundas desigualdades que los atraviesan (incrementadas por la pandemia), los y las aborden en toda su diversidad, apuntalen sus proyectos y promuevan su participación, para además fortalecerlos en su futuro. 

*En co-autoría con Javier Moro: Investigador Docente, Instituto del Conurbano - UNGS. Director de Monitoreo, Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | Marcelo Ochoa: Investigador Docente, Instituto del Conurbano – UNGS | Guillermo Orizaola: Consultor en políticas sociales. Investigador externo, Instituto del Conurbano -UNGS