Días atrás, la ministra Tolosa Paz mantuvo una serie de reuniones con referentes de movimientos sociales como Esteban “el gringo” Castro (UTEP), y referentes del Movimiento Evita (organización vinculada a Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro), Daniel Menéndez (funcionario del Gobierno Nacional y referente de Barrios de Pie), Dina Sánchez (referente del Frente Popular Darío Santillán), y referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos vinculado a Juan Grabois. También se reunió con los dirigentes de los movimientos más combativos, como el Polo Obrero comandado por Eduardo Belliboni para lograr consensos, aunque dicho encuentro no dio los resultados esperados que sí se alcanzaron el lunes.

La relación con los dirigentes sociales era muy tensa, y desde el Gobierno celebran el consenso alcanzado de cara al fin del 2022 y los inicios del 2023. Ciertamente, el clima con los movimientos era tenso a inicios de este mes dado que el Gobierno intentó desacoplar el salario social complementario que reciben los titulares del Potenciar Trabajo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, como viene siendo desde el 2016. Además, fue eje del conflicto el atraso en los pagos, el anuncio de miles de bajas y el congelamiento de los cupos.

A esos conflictos, se le sumó el otorgamiento de un bono en dos cuotas de 6.750 pesos en detrimento del medio aguinaldo que tradicionalmente era percibido por los beneficiarios de planes sociales. Aquí, paradójicamente, hubo consenso entre los referentes más cercanos al Gobierno y los más combativos: tanto Grabois como Belliboni salieron a repudiar esta acción estatal considerándola “una burla” o “una miseria”.

Con las recientes reuniones (sobre todo la del lunes) Tolosa Paz “compró” paz social con diversas organizaciones como el Movimiento Evita (Pérsico), Barrios de Pie (Menéndez), Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Castro), y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (Grabois). ¿Cómo lo logró? Firmando un acuerdo con seis puntos:

En primer lugar, la elaboración de guardapolvos de compre estatal producidos por cooperativas textiles; en segundo lugar, un bono más del mismo monto del anterior, a cobrar en marzo de 2023 para todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo; tercero: entrega de herramientas y maquinaria a las cooperativas; cuarto: compra mensual de bolsones de frutas y verduras adquiridas a cooperativas agrarias; quinto: desarrollo y concreción de baños en barrios populares; y sexto y último, discusión, resolución y reglamentación del programa Potenciar Trabajo.

Toda esta serie de concesiones acordadas entre Tolosa Paz y los referentes de los movimientos sociales permiten pensar en una serie de interrogantes claves para abordar la cuestión social en estos tiempos: ¿A qué costo el Gobierno compra la “paz social”? ¿Qué tan duradera y efectiva es realmente esa “paz social” si no entran agrupaciones como Quebracho, el Polo Obrero, y la Corriente Clasista y Combativa en el acuerdo alcanzado? ¿Quién marca la agenda en Desarrollo Social, la Ministra o los movimientos sociales? ¿Hasta qué punto las bases populares de las organizaciones legitiman las decisiones de los dirigentes sociales?

A priori, podría pensarse que son valiosas las intenciones pero reducidos los alcances de estas decisiones. Difícilmente se logren amplias mejoras sociales si la inflación sigue golpeando el bolsillo de los más humildes, si el mercado de trabajo formal no crece, si no llegan inversiones productivas, y si no aumentan considerablemente las exportaciones. A su vez, tampoco se puede esperar demasiado de una medida que beneficia casi exclusivametne a gente como Pérsico y Menéndez, que están en las dos caras del mostrador (como funcionarios y como referentes sociales). Podría pensarse, de hecho, que es casi un acuerdo interno entre un sector del Gobierno y otro sector del Gobierno, o cercano al mismo. De esta forma, es fácil pensar que este acuerdo difícilmente va a revertir el deterioro social que ha ido creciendo en los últimos años.